El 70% de la superficie de nuestro planeta es agua, de ese total, el 97% está en los océanos y es salada, el 3 % restante es agua dulce, de ésta el 2% es hielo glaciar y menos del 1% está disponible para el consumo humano. El cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua, en promedio. Estas cifras ilustran la necesidad vital, de que todos sin distinción, tengamos acceso al agua y éste derecho es el que por estos días está en juego en la conciencia de los diputados locales de Querétaro quienes están analizando, es un decir, la Ley Estatal de Aguas, que bajo el pretexto de ser necesaria para poner orden entre las facultades de autoridades federales, estatales y municipales, lo que en realidad está de fondo es la privatización a través de concesiones para, y esto no lo dicen, venderla, dosificarla, regatearla, negarla y al final de cuentas, tener poder sobre vidas y destinos, porque imagínese usted, que un desarrollador inmobiliario venda, todavía más caros sus terrenos o viviendas garantizándoles la dotación de agua sin restricción, a costa de disminuirles a los clientes de “segunda” es decir, a los que abastece el gobierno o su CEA . No hay mucho que imaginar, en realidad esto ya sucede, al menos en la ciudad de Querétaro y zona conurbada, lagos artificiales para unos y tambos oxidados de tanto esperar para otros, o en el mejor y más común y costoso de los casos, agua embotellada para la mayoría o pago de pipas; si esto es ahora, ¿cómo sería al ser legalizada la privatización?
Este tema está plagado de irregularidades y en subsanarlas deberían estar enfocados los legisladores y no en concesionarla, que al final de cuentas es venderla para que otros la revendan; una de ellas es la calidad del agua potable que ahora recibimos y que amerita un estudio sobre el costo de enfermedades provocadas por su calidad, que claro, se agrava en zonas pobres, precisamente por conservarla en tambos o piletas, incluso de quienes tienen que tomarla de canales para riego o arroyos, por ser su única posibilidad. Otra irregularidad es de la que ha sido ya concesionada. Por ejemplo, a nivel nacional la privatización para el embotellamiento. Cuatro transnacionales (Coca Cola, Pepsico, Nestlé y Danone) controlan la mayor parte de actividades de este próspero negocio. Estas compañías y sus filiales obtienen el agua a un costo extremadamente bajo y, a menudo reciben subsidios estatales para el establecimiento de plantas de embotellado. Su producto final lo venden a más de mil veces de lo que les costó conseguirla. Aquí en Querétaro ¿Alguien sabrá si el agua transformada en cerveza en la antigua fábrica de Hércules se ha concesionado a algún particular? ¿Y en la fabricación de refrescos de cola y los burbujeantes de sidra, cuantos metros cúbicos de agua se consumen y bajo que tarifa?
Para darnos una idea del abuso que significan las concesiones, en el país, hasta hace unos siete años se habían entregado 27 concesiones, 19 para extraer agua de las cuencas y ocho para descargar desechos en ellas. La extracción total era de 9 millones 422 mil 990 metros cúbicos de agua por año. O sea, si un metro cúbico de agua es igual a mil litros, y una persona necesita tomar tres litros de agua diarios en promedio y en condiciones normales, el agua concesionada a las empresas equivale a 8.6 millones de años de consumo diario de una persona.
En implementar un nuevo sistema financiero del agua, a través del cual se cobre de manera equitativa y proporcional a aquellos que tienen concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas y que pagan cuotas mínimas, es en lo que deben trabajar, es un decir, los legisladores que representan los intereses del pueblo, es otro decir. Otra irregularidad es la de tomas clandestinas, principalmente en sector agropecuario.
Así pues y como es casi seguro que los diputados aprobarán concesionar el agua, deben demostrar que sea de interés general y que se asegure la eficiencia de la prestación del servicio y el consecuente tratamiento de aguas residuales, pero ya se ha visto que las empresas sólo invierten en procesos lucrativos y respecto a que la concesión beneficie a los usuarios, es altamente improbable, está claro que nadie puede deshacer el entuerto de la otorgada al transporte urbano.
Concluyendo, los bienes de uso común como el agua, son inalienables e imprescriptibles, el agua no puede ser considerada como una mercancía, ni objeto de comercio porque el agua es un bien público de uso común que pertenece a los seres vivos. Por lo tanto, ningún ser humano debe apropiarse de ella ni al Tiempo. Nota, los datos fueron tomados de la investigación de Elisa Palomino publicada por la UNAM.
