Azucena Vásquez
Las empresas están obligadas a pagar antes del 30 de mayo la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) y, de no hacerlo, pueden enfrentar una multa de hasta 542 mil 850 pesos.
Con el cierre del ejercicio fiscal, las empresas en México tienen la obligación de distribuir utilidades a sus trabajadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, recordó Saira García, experta de la firma de servicios de contabilidad y consultoría Salles Sainz Grant Thornton.
Si una empresa no realiza el reparto de utilidades, puede recibir una sanción por cada trabajador afectado que va desde las 250 hasta las 5 mil Unidades de Medida de Actualización (UMAs). Esto significa que las multas van desde 27 mil 142 pesos hasta 542 mil 850 pesos, si se toma el valor de la UMA de este año.
“El incumplimiento en el reparto de utilidades puede resultar en multas considerables para las empresas, además de generar descontento y tensiones entre los empleados”, advirtió.
García destacó que la PTU es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por su actividad productiva o los servicios que se ofrecen en el mercado.
Las empresas en el país están obligadas a realizar este pago, excepto las de reciente creación, es decir, que el año anterior haya sido su primer periodo en operaciones. Tampoco aquellas dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los dos primeros años de funcionamiento, las instituciones de asistencia privada sin propósitos de lucro, entre otras.
La experta señaló que si el trabajador no recibe el pago de su PTU puede levantar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) un día después de que se venza el plazo de pago.
García sostuvo que es fundamental que los trabajadores estén atentos a la comunicación oficial de la empresa sobre el reparto de utilidades y se aseguren de recibir la información completa y transparente sobre el cálculo y distribución de esta.
Aclaró que todas las empresas están obligadas a presentar esta información a sus trabajadores.
Añadió que es importante recordar que la PTU es un derecho irrenunciable, que adicionalmente se considera un instrumento que contribuye a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, que incentiva la productividad y que reconoce el esfuerzo colectivo.
