A regañadientes y con la advertencia de que será una contienda inequitativa, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron topes de campañas diferenciados para candidatos al Poder Judicial.
Ahora los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán gastar hasta un máximo de un millón 468 mil 841 pesos.
En tanto, los candidatos a magistrados de salas regionales del TEPJF será de 881 mil 304 pesos; para magistrados de circuito 413 mil 111, y para jueces 220 mil 326 pesos.
El pasado 6 de marzo, esa propuesta fue rechazada por mayoría, y se estableció un tope único para todos los cargos por 220 mil 326 pesos, sin embargo, el Tribunal Electoral ordenó al INE reajustar las cifras.
Los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala, Arturo Castillo y Jaime Rivera justificaron que votaban a favor por ser un acatamiento a la orden de la Sala Superior, pero estaban en desacuerdo con elevar los montos.
Su argumento es que pocos candidatos tendrán en sus bolsillos personales esos montos para hacer proselitismo, por lo que será una campaña inequitativa, de ricos y pobres.
“Ahora vamos a tener compitiendo una persona que podrá invertir 10 mil pesos para su campaña frente a otra que invertirá 1.4 millones de pesos”, reclamó la consejera Ravel.
“Se propicia que el dinero sea un factor de ventaja severo y determinante de una candidatura sobre otra. Una sentencia francamente desafortunada, se pone de manifiesto un indebido funcionamiento del Instituto”.
Rivera arremetió: “Elevar a cifras millonarias los límites de gastos exacerba una inequidad. Muy pocos aspirantes podrían aproximarse siquiera a esos límites millonarios. Esta sentencia ignora lo establecido en la ley y lesiona el principio de equidad”.
En contraparte, los consejeros Carla Humphrey y Jorge Montaño aseguraron que los topes son acorde con los cargos, pues no es lo mismo competir por un cargo nacional que distrital.
“Un tope único de gastos ponía en riesgo la elección, porque lo más peligroso habría sido colocar a las candidaturas en un umbral de ocultamiento innecesario que a posteriori las llevaría a la ilicitud () incluso a la cancelación de registro”, consideró Humphrey.
A partir del 30 de marzo, más de 5 mil candidatos podrán gastar dicho recurso a lo largo de 60 días de campaña.