La relatora especial de las Nacionales Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas, Reem Alsalem, calificó de alarmantes las cifras de feminicidio que se registran a nivel mundial, incluido México.
En la Cámara de Diputados, donde dictó una conferencia magistral, la especialista presenció cuando la presidenta de la Comisión de Igualdad, la morenista Anaís Burgos, fue increpada por asistentes al evento, por destinar la mayor parte de su discurso a hablar sobre las políticas del actual Gobierno en materia de mujeres.
Durante su conferencia magistral, Alsalem advirtió regresiones importantes, a pesar de más de mil reformas legales aprobadas en todo el mundo sobre equidad de género.
La experta dijo que a pesar de que los Estados han promulgado leyes en materia de violencia, de que ha aumentado la presencia de las mujeres en parlamentos y partidos y que se ha visto una participación económica de ellas más grande, la violencia contra mujeres y niñas continúa a niveles epidémicos y alarmantes en el mundo.
A nivel mundial, informó, las mujeres gozan de aproximadamente el 77 por ciento de los derechos legales reconocidos a los hombres y aunque el reconocimiento jurídico de ellas se ha ampliado, en algunos ámbitos la violencia persiste y en otros se intensifica.
Reem Alsalem sostuvo que en feminicidios las cifras resultan alarmantes, ya que sólo en 2024, al día 137 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el mundo y el 60 por ciento de ellas por parejas o familiares.
No obstante, reconoció que en estos casos existe un subregistro grave y significativo.
Como ejemplo, la relatora mencionó los asesinatos de mujeres relacionados con el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la violencia armada y la trata de personas.
La representante de la ONU dijo que una disparidad entre el compromiso del Estado y la implementación de los compromisos internacionales a nivel estatal se manifiesta en la falta de datos desagregados, la amplia corrupción, la impunidad y que las respuestas judiciales con perspectiva de género no están garantizadas.
Por eso, recordó, en el examen de México de 2025, el Comité de la Cedaw reconoció que hay un aumento de la violencia contra mujeres y niñas perpetrado por actores estatales y no estatales; que hay desapariciones persistentes de mujeres, así como deficiencias en la investigación y la reparación del daño y apoyos insuficientes para sus familias.
Además, dijo, el Comité señaló para México obstáculos estructurales, entre ellos, la limitada autonomía de los organismos de supervisión y la insuficiencia de resultados medibles.
“La impunidad sigue siendo la barrea fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas y esta es la realidad en todo el mundo”, aseguró.
La experta afirmó que la violencia contra las mujeres se exacerba por la desigualdad estructural, la pobreza, el desplazamiento y el crimen organizado, pero también por la creciente militarización y las políticas de austeridad adoptadas por muchos Estados.
Las medidas de austeridad, explicó, debilitan a las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, porque se trata de una decisión política en la que no se prioriza la atención de las víctimas y se eligen otras prioridades.
“Estas medidas de austeridad, ya sea vinculadas a presiones financieras globales o a aumento en gasto militar, ha resultado en recortes graves en refugios para mujeres víctimas de violencia, asistencia jurídica y servicios de protección”, expresó.
La experta lamentó también que América Latina se ha convertido en un destino para la industria de la gestación subrogada, cual la explota a las mujeres, en particular las que están en situación de pobreza, y las somete a coerción y violencia económica y psicológica a través de contratos abusivos.
Las niñas y los niños nacidos mediante la subrogación, agregó, los expone no sólo a la separación inmediata de su madre, sino a delitos como la trata de personas y la explotación sexual, pues hoy se puede comprar un menor sin requisito, de ahí que hoy en día pedófilos, asesinos o traficantes de órganos pueden comprar menores ya que lo que vale en el sistema es la capacidad de compra.
“Hay muchos niños de los cuales no sabemos nada”, reconoció.
La relatora sostuvo que los Estados deben cumplir plenamente su obligación de debida diligencia para prevenir, procesar y sancionar la violencia contra las mujeres, así como proporcionar recursos centrados en las sobrevivientes e invertir de manera sostenida en justicia y servicios de apoyo.
