La orden de aprehensión contra Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, deriva de un proceso plagado de irregularidades, iniciado por Grupo Lauman para generar un escándalo e intimidar al empresario.
Así lo afirmó el abogado Alberto Román Palencia, quien representa a Martínez y su empresa en la disputa por los derechos de transmisión de los partidos de Tuzos y León.
En entrevista, Román aclaró que Martínez y Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, ya cuentan con suspensiones provisionales dictadas por un juez federal, no pueden ser detenidos y están en México, laborando normalmente.
Sin embargo, explicó que optaron por no presentarse a una audiencia ante el juez penal de control César Augusto Mendoza Salazar, porque tenían indicios de que serían detenidos y sometidos a prisión preventiva justificada con el pretexto de contar con varios domicilios.
Esto fue lo que provocó la orden de aprehensión, librada el 27 de octubre, para forzarlos a comparecer al proceso por el delito de desobediencia, que contempla pena de uno a cinco años de prisión, pero puede ser conmutado por una multa.
“Ya se obtuvieron suspensiones provisionales, ahora cuando el juez federal les ordene presentarse ante el juez de control para continuar con el proceso, se van a presentar y a ofrecer todas las pruebas de que estos es una barbaridad”, dijo el abogado.
Si bien el contrato entre Grupo Pachuca y Lauman, dueña de Fox Sports México, concluyó en mayo de 2024, Lauman alega que tenía preferencia para renovarlo y promovió una demanda mercantil, en la que el Juez 40 Civil de la Ciudad de México le concedió medidas cautelares para impedir que terceros exploten los derechos de transmisión.
Estas medidas bloquearon la transmisión del partido Pachuca-América en abril pasado, pero fueron suspendidas por un juez federal, lo que permitió llevar los partidos a plataformas de Fox Corporation, con la que Lauman mantiene varios litigios por falta de pago y uso de la marca Fox en México.
“De manera oscura y totalmente irregular presentaron esta denuncia, no lo pide el juez civil, lo presentan los abogados (de Lauman) como si ellos fueran víctimas, cuando la única víctima que puede haber aquí es la administración de justicia”, dijo Román.
“La presentan, tardan cuatro o cinco meses en integrarlo, hasta que en alguna de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, un agente del Ministerio Público, por causas totalmente inexplicables le da trámite, mandan citar a Jesús y Gerardo”.
Si bien ambos acudieron a la primera audiencia con el juez Mendoza, sólo para designar defensores, ya no fueron a la segunda por el riesgo de ser detenidos.
“Es una barbaridad, las medidas cautelares están suspendidas por amparo y apelación. No hay interés (de Lauman) en llevar esto a una sentencia, es un juicio totalmente intimidatorio, plagado de irregularidades, y como no han logrado ningún resultado, buscan hacerle un escándalo al Grupo Pachuca y a Jesús, y con eso tratar de obtener lo que no pueden obtener de manera legal”, concluyó Román.
