El Gobierno de Perú anunció este jueves que llamará a consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, por lo que considera “una injerencia en sus asuntos internos” de los presidentes de esos países, al cuestionar la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
“Respecto de otros (países) que han expresado opiniones discordantes con lo que pasó constitucionalmente en el Perú, hemos decidido traer en consulta a los embajadores en esos países como expresión de la molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo”, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi, en consonancia con una declaración publicada minutos antes en el diario oficial El Peruano.
Gervasi aseveró que la decisión está motivada por “la intromisión” de “las más altas autoridades” de estos países en los asuntos internos de Perú.
La nueva responsable de Exteriores apuntó que las declaraciones de los jefes de Estado de los cuatro países ha cuestionado la “sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución de Perú, además de que no coinciden “con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo” que les unen.
“Perú seguirá dando muestras de su amplia voluntad para profundizar en el diálogo, siempre en el marco del respeto mutuo y de la plena vigencia del derecho internacional”, remarcó.
En un comunicado conjunto publicado el lunes pasado, México, Argentina, Bolivia y Colombia, aseguraron que el vacunado y detenido expresidente Pedro Castillo está siendo objeto de “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
“Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que mayoritariamente ha sido considerado un golpe de Estado, y fuera arrestado por ello.
Con ese llamado, además, piden a “quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.
