Defensoras y defensores de los Derechos Humanos fueron citados por la Fiscalía General del Estado debido a la denuncia interpuesta por la diputada Elsa Adané Méndez Álvarez por críticas y comentarios que recibió a través sus redes sociales. En rueda de prensa, expresaron que han sido objeto de intimidación por parte de la diputada e hicieron un llamado al gobernador para que dialogue con su diputada. A continuación el comunicado a los medios:
Esta acción atenta contra la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y constituye un acto de intimidación a las y los activistas, con el que buscan callar críticas a su nula o deficiente labor.
La Fiscalía General del Estado debe dedicar todos sus recursos a atender las problemáticas de inseguridad que enfrenta el estado y no debe prestarse a investigar situaciones que carecen de sustento legal alguno o a persecuciones políticas.
En primer lugar agradecemos su apoyo al difundir esta información, en donde queremos hacer de su conocimiento que varias personas defensoras de los Derechos Humanos fuimos citadas por parte de la Fiscalía General del Estado, como supuestas testigos por una denuncia que realizó la diputada Elsa Adané Méndez Álvarez por críticas y comentarios que recibió a través sus redes sociales.
Nos sorprende que a lo largo de nuestra trayectoria, que data de varios años, por primera vez seamos hostigadas de esta manera, y más aún nos extraña que al acudir a la Fiscalía en ningún momento nos informaron cuál supuesto delito es investigado. Únicamente nos proporcionan el número de la carpeta que iniciaron: CI/QRO/8665/2019 y nos refieren que la legisladora señaló el nombre de varios activistas, hombres y mujeres.
Es importante mencionar que el citatorio llegó a nuestros domicilios particulares, con lo que no solo entendemos el riesgo que esto representa, sino también que nuestros datos personales están en manos de quien quiera llevar a cabo una persecución política.
Además de esto, la denuncia interpuesta por la diputada evidencia un profundo desconocimiento de la ley, y por ello ya fue presentada una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos, pues esto atenta contra la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, entre otras violaciones que de manera flagrante y reiterada ha llevado a cabo la legisladora en el ejercicio de sus funciones. Es claro que esto constituye un acto de intimidación a las y los activistas, con el que buscan callar críticas a su nula o deficiente labor.
Queremos externar nuestra preocupación ante las problemáticas que enfrenta el estado, en donde es cada vez más frecuente enterarnos de hechos delictivos; hechos que muchas veces no son investigados y atendidos propiamente, e incluso, muchas instituciones lejos de apoyar a las víctimas dificultan su acceso a la justicia. En cambio, pareciera que sí existen el tiempo y los recursos para atender situaciones ficticias que lo único que demuestran es que se busca utilizar todo un aparato gubernamental para amedrentar.
Exhortamos de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado a que realice su trabajo de manera cabal. Conocemos de múltiples situaciones en donde se han negado a recibir denuncias, se abstuvieron de investigar, o simplemente “dan carpetazo” a los asuntos. Sin embargo, no existe resistencia alguna en intentar por todos los medios encuadrar un delito inexistente, cuando se trata de una diputada apoyada por sectores poderosos e influyentes.
Es necesario enfatizar también que se trata de una servidora pública, quien aunque dice que se presentó ante la policía cibernética como lo haría cualquier ciudadana, sí se ampara en su cargo de representación popular, para incurrir en actos de discriminación y otras violaciones flagrantes a la Constitución que juró respetar y hacer cumplir.
Confiamos en que así como se promueven las bondades de Querétaro en sectores industriales, así como nuestra entidad sobresale en muchos rubros a nivel nacional, también destaque en el respeto a los Derechos Humanos y no, como a través de diferentes administraciones ha sucedido, por estadísticas elevadas en violencia de género, por casos emblemáticos en donde se ha criminalizado a grupos vulnerables, entre otros.
Por último, reiteramos el llamado a todas las autoridades del estado a que cumplan con su obligación de respetar, promover y garantizar los Derechos Humanos, y confiamos en que al final, actuarán en apego a los lineamientos que los rigen.
POR: REDACCIÓN
