Un Sacerdote acusado y bajo proceso por haber abusado sexualmente de un menor de edad en la parroquia de la colonia Reforma Agraria en el año 2017, enfrenta su proceso en libertad. Así lo confirmó la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa quien declaró que hubo una modificación en la medida cautelar “Se determinó que ya no representaba un riesgo. En ese tiempo que se atribuye ese hecho, el delito no se consideraba de Prisión Preventiva Oficiosa. Se le impuso justificada para que no se corriera ningún riesgo a la víctima. Esas medidas cautelares son revisables en cualquier momento. Si desaparece la razón por la que había un riesgo, los jueces pueden modificar las medidas cautelares de prisión preventiva por otras en libertad”.
Mariela Ponce, explicó que aún cuando el imputado enfrenta su proceso en libertad, a la víctima no se le deja sola, pues se les da asistencia jurídica, médica y psicológica. Ante los cuestionamientos de organizaciones civiles por el cambio de la medida cautelar, la titular del Poder Judicial externó que “Los jueces resuelven con base en los argumentos que se emiten en las audiencias y las pruebas que se les acerca. Si los argumentos y las pruebas son suficientes para una modificación de medida cautelar, los jueces las ordenan”.
La Magistrada acotó que aún en libertad, el sacerdote imputado debe cumplir con una serie de medidas, mismas que son verificadas a fin de proteger a la víctima y evitar una eventual fuga del procesado ó que pueda cometer otro hecho delictivo.
En paralelo al proceso legal, el Estado Vaticano ya ha iniciado sus indagatorias y podría tener varios desenlaces para el presunto abusador; una es que se le prohiba el ministerio sacerdotal, también conocida como dimisión del estado clerical, también aplica una ‘pena medicinal’, que puede ser variada en cuanto a su duración.
Cabe mencionar que de acuerdo a la organización civil Corazones Mágicos, el imputado habría abusado durante dos años de el menor desde que este tenía ocho años de edad en el 2017 y no fue si no hasta el 2019 con el apoyo de la organización que denunció los hechos, mismos que trascendieron al público hasta el 2021 y el proceso legal se desahoga hasta hoy.
