SERGIO A. VENEGAS RAMÍREZ
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que ya fue abierta una investigación contra quien resulte responsable por un posible daño al erario, luego de la acusación contra el exalcalde interino, Enrique Correa, por simular pagos por más de 40 millones de pesos.
Esto, luego de dos investigaciones publicadas por PLAZA DE ARMAS en torno a pagos indebidos realizados durante el interinato del actual presidente del PAN en el municipio de Querétaro.
“Ya se ha iniciado una investigación. Se hacen primero las auditorías de la ESFE, se presentan las observaciones donde se detectaron inconsistencias o alguna irregularidad, y esas se presentan en la cuenta pública. Las que tengan cierta relevancia o gravedad se inicia un proceso de investigación, en este caso en concreto, se ha ya iniciado”, argumentó.
Nava Guerrero reiteró que “no será tapadera de nadie” que haya laborado en la administración pasada ni en la actual.
“Tenemos que dejar que se realicen estas investigaciones, que las personas presenten la información correspondiente para que las autoridades que no dependen de nosotros puedan determinar si hay una responsabilidad o no y procedan a la sanción que corresponda”, subrayó.
Apuntó que el proceso puede durar hasta 30 días hábiles, y la notificación fue recibida el pasado 13 de diciembre, y será a finales de enero cuando se determine si hubo falta o no a la administración.
Las sanciones pueden ir desde reparaciones del daño, inhabilitación del exfuncionario o hasta un proceso judicial.
El viernes de la semana pasada y este lunes, El Periódico de Querétaro reveló parte del contenido de la Auditoría 2018 realizada por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESSFEQ) a la administración capitalina.
Para la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el gobierno del municipio de Querétaro, encabezado por tres alcaldes (Marcos Aguilar Vega, quien solicitó licencia en marzo; el interino Enrique Correa Sada; y Luis Bernardo Nava Guerrero que llegó al cargo el 1 de octubre), incurrieron en omisiones y errores en el manejo de recursos.
Destaca en el documento de 135 fojas elaborado por la ESFEQ, el desfalco realizado tras licitar un contrato número DACBS/028/18, para servicio de outsourcing a 600 empleados municipales (del área de Servicios Públicos) que trabajarían de manera eventual.
Sostiene la Entidad que dicho movimiento abarcó del 9 de febrero al 31 de julio de 2018 (cuando dejaba el gobierno Marcos Aguilar y llegaba Enrique Correa), mismo que fue suscrito ”sin que se tenga por acreditado el servicio y existir inconsistencias en la información que se proporcionó por ello municipio auditado con relación a lo informado por el IMSS y autoridades en Impuesto sobre Nóminas, por lo que el gasto erogado de 35 millones 100 mil 339 pesos… se tiene como injustificado, debido a que:
Se pactó la contratación de 600 trabajadores, no obstante no se prestó el servicio para los 600 si no por una cantidad menor (365 en total).
2. La ESFEQ observó inconsistencias en temas contables y actuariales durante la vigencia del contrato, que van desde el número de empleados hasta las firmas de asistencias en las que nunca aparece la empresa ganadora del outsourcing. Además, el municipio de Querétaro no pudo acreditar el pago de seguridad social ni impuestos que por ley debió proporcionar la empresa contratada.
3. El municipio no dio vista al IMSS sobre la suscripción del contrato, como lo marca la ley.
En el siguiente punto de la auditoría (el 27), la Entidad observa de nueva cuenta al área administrativa de Servicios Públicos Municipales por haber pagado “indebidamente a la empresa con RFC: JAS140128U4A (en esta observación sí se da el Registro de la prestadora del servicio) la cantidad de 5 millones 031 mil 564 pesos por servicios no acreditados de outsourcing; pago realizado sin contrato que estableciera la obligación del proveedor”. Es decir, más de 40 millones de pesos por ambos pagos.
Afirma la Entidad de Fiscalización que “se verificaron la presentación de oficios en el que se presume la simulación para proceder a pagar la cantidad señalada”. Esto, porque no se “informa qué conceptos que integran dicha cantidad” y de las constancias en el expediente “no se justifica dicha erogación”.
Fuentes del municipio, que no se revelan por obvias razones, señalan el gran interés de Correa Sada para que dicha empresa obtuviera el contrato y se le pagara de manera inmediata.
A esta observación, se suma la revelada ayer por PLAZA DE ARMAS en torno a que el propio Correa Sada entregó el contrato por tres millones de pesos para la colocación de la pista de patinar y la “instalación navideña (7 sets), fábrica de chocolate y fotografías con los reyes magos” -que fue observada por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFEQ)-, a Mauricio Correa Sada, hermano de Enrique, quien dos meses antes de suscribir el contrato con fecha 30 de noviembre de 2018, dejó la presidencia municipal interina (30 de septiembre) y se incorporó inmediatamente después como secretario de Servicios Públicos Municipales en el naciente gobierno de Nava Guerrero.
El cochinero detectado en la auditoría 2018 realizada por la ESFEQ a la administración municipal de la capital queretana, revelada el viernes pasado por PLAZA DE ARMAS, señala que fue detectada “la posible afectación del desempeño imparcial u objetivo de dos servidores públicos con números de empleados 24237 y 16347 cuyos RFC son COSE 791111QIA (Enrique Corrrea Sada) y HECJ 760504 GVA, respectivamente, en razón de intereses personales, familiares o de negocios, pues suscribieron el contrato DACBS/484/18 con fecha 30 de noviembre (cuando Luis Bernardo Nava ya era alcalde) por un monto 3 millones de pesos con la persona moral con RFC COSM8012195D9 (Mauricio Correa Sada)”, mismo que es pariente del empleado 24237, siendo éste “el área requeriente del servicio prestado”; la de Servicios Públicos Municipales.
Tanto la pista de patinar como la fábrica de chocolate y los Reyes Magos, fueron acciones ampliamente publicitadas por la recién llegada administración de Nava Guerrero, quien venía de un fuerte proceso poselectoral con señalamientos de fraude por parte del candidato del PES, Adolfo Ríos, quien hasta la fecha acusa al panista de compra de votos, fuertes movilizaciones el día de la votación y el uso de recursos del estado para apuntalar al abanderado del gobernador Francisco Domínguez Servién.
Sostiene la investigación de la ESFEQ que al firmar el contrato, los funcionarios de la administración Nava, ejecutaron “acciones que implicaron obtener un beneficio o ventaja indebidos… presumiéndose que estos acordaron arreglos entre competidores con el objeto de obtener un beneficio indebido”.
Y es que, dice la Entidad Superior de Fiscalización que “las personas físicas con RFC COSM8012195D9 (Mauricio Correa Sada), RAGL640806AQA, OOLL571206U81 y la persona física con iniciales USC, forman o formaron parte a su vez de dos empresas citadas, como se acredita en las escrituras de la Notaría 14” con números 21,667, 21,663 y la 76,377, todas registradas entre 2017 y 2018.
Por lo anterior, señala la Entidad, se presume que el servidor público con número de empleado 24237 y con RFC COSE791111QIA (Enrique Correa SADA), “obtuvo a través de terceros… un beneficio indebido consistente en dinero para sí o para parientes consanguíneos…”
