Ningún otro presidente, como Felipe Calderón, había entregado y apostado tanto a los Estados Unidos como aliado estratégico para combatir al narcotráfico y a los cárteles de la droga.
Permitió a casi dos decenas de agencias de inteligencia y seguridad de ese país instalarse en el nuestro. Toleró el operativo Rápido y Furioso como tarea encubierta para introducir armas ilegales en México y rastrear a los compradores de las mismas. Entregó a casi todos los cabecillas de los grupos delincuenciales solicitados por nuestro vecino. Amplió y usufructuó la Iniciativa Mérida, tanto en recursos como en alcances territoriales.
Los cables de WikiLeaks de esa época revelan a un presidente prácticamente arrodillado, suplicando al Departamento de Estado que no lo deje solo y lo ayude a salir adelante en su “guerra” contra las drogas.
Pues bien, toda esa estrategia y actitud de delegar en el aliado la responsabilidad propia, y de convertirlo en tutor de decisiones soberanas estratégicas, como lo es la seguridad ciudadana, es precisamente lo que deberíamos estar valorando y sopesando en México.
En la corte federal de Brooklyn no solo está sentado un ex secretario de Seguridad mexicano, sino el Estado mismo y sus guerras fallidas contra el tráfico de drogas. Y si no se hubiese dado la intervención oportuna y enérgica del gobierno mexicano actual, en esa misma corte de Nueva York, acompañando a García Luna, podría estar sentado otro ex secretario de Estado —responsable de la defensa nacional—, para ser juzgado y procesado por los mismos delitos, hasta con los mismos testigos, sin saber si las acusaciones son verdaderas o falsas.
El combate al narcotráfico intoxicó la relación bilateral México-Estados Unidos desde los años 40 del siglo pasado, por lo menos, y ha pasado por diferentes formas de verificación y certificación. Desde la aprobación o desaprobación legislativa surgida del Capitolio hasta la judicialización de figuras relevantes de los aparatos de seguridad mexicanos. Capos, policías, fiscales, gobernadores, secretarios de gabinete, toda esta gama de autoridades nuestras forma parte del catálogo de responsables de una guerra que parece perdida. A esta cadena solo le falta algún ex presidente de la República para tocar fondo.
Si queremos evitar más juicios como el de Nueva York, debemos revisar los términos de la cooperación y colaboración en materia de narcotráfico. Lo primero es prevenir y combatir la corrupción de los mandos de seguridad. La información de inteligencia de los países aliados, en este sentido, es un insumo crítico: debe ser oportuna y directa con el Ejecutivo mexicano.
Se debe cambiar el paradigma de combatir el narcotráfico solo por sus efectos de inseguridad y violencia, en lugar de atender las causas sociales y económicas. Descabezar los cárteles es bueno, pero resulta mejor secar las raíces económicas, sociales y culturales que alimentan a la hidra de mil cabezas.
Y el combate a la impunidad es el otro elemento. En México, esto significa meter la mano a fondo en cuatro rubros: cuerpos de seguridad, fiscalías, judicatura y sistema penitenciario. Para esto debería servir la cooperación, sin confundirla con sumisión, frente a los aliados internacionales.
