El secretario de Desarrollo Agropecuario y comisariado del Ejido San Juan, Adrián Miranda Bárcenas, alertó sobre el incremento de asentamientos irregulares en distintas zonas del municipio, una práctica que ha derivado en fraudes y en afectaciones directas al patrimonio de numerosas familias.
De acuerdo con el representante ejidal, en varios casos las operaciones irregulares han sido impulsadas por personas provenientes de la Ciudad de México que llegan, adquieren tierras (en ocasiones sin liquidarlas por completo) y comienzan a lotificarlas sin autorización.
Miranda Bárcenas señaló que esta situación se ha convertido en un problema recurrente para los ejidos, pues los propietarios legítimos desconocen las ventas realizadas por terceros y posteriormente reclaman sus terrenos. Esto coloca a los compradores en un escenario de indefensión, ya que muchos terminan perdiendo sus ahorros sin que las autoridades les brinden una respuesta efectiva. “A la gente la han defraudado. Me buscan y me dicen que compraron terrenos, pero que ahora ya no se los respetan porque el dueño asegura que nunca recibió el pago completo. La Fiscalía ha quedado a deber; las personas pierden la esperanza de recuperar su dinero”, lamentó.
Explicó que entre los ejidos más afectados se encuentran San Juan, por su ubicación en la cabecera municipal; El Banthi, prácticamente absorbido por la mancha urbana; Rancho del Medio; Cerro Gordo; Santa Cruz Escandón; El Mirador; San Pedro; Vista y San Isidro, donde también se han detectado casos de lotificación irregular. En algunos de estos lugares incluso han surgido fraccionamientos dentro de antiguas parcelas, aunque Miranda Bárcenas aclaró que los desarrollos formales sí cumplen con los requisitos legales, a diferencia de los asentamientos irregulares que se construyen sin permisos ni procedimientos.
El comisariado explicó que los fraccionamientos regulares inician su proceso con la adopción del dominio pleno, que convierte la parcela en título de propiedad, lo que permite realizar trámites oficiales ante el municipio. En estos casos, los acuerdos con los ejidos suelen limitarse a derechos de paso y aspectos específicos previamente establecidos. En contraste, los asentamientos irregulares surgen sin normatividad y generan conflictos prolongados para compradores y para los propios ejidatarios.
Miranda Bárcenas también reconoció que algunos ejidatarios venden directamente pequeñas porciones de sus tierras. Aunque no se trata de una práctica ideal, consideró que, frente al escenario actual, resulta menos perjudicial que la intervención de intermediarios que estafan tanto a ejidatarios como a compradores. “De entre lo malo, algo bueno: cuando el ejidatario vende su tierra, al menos se beneficia directamente y respeta los acuerdos. La mayoría sigue siendo gente de palabra”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado para reforzar la actuación institucional y frenar a quienes lucran con la necesidad de vivienda y el desconocimiento de los procedimientos legales. Advirtió que, de no actuar con mayor contundencia, continuarán los fraudes y las pérdidas patrimoniales para las familias que buscan un espacio donde vivir.
