ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
A raíz de la publicación oficial sobre el acuerdo de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, se ha producido una cantidad de declaraciones, artículos periodísticos, foros y conferencias virtuales y hasta una racha de demandas legales vía amparos de las empresas privadas contra dicho Acuerdo. Dentro de aquellos que abogan en el fondo por el libre mercado bajo una bandera ambiental, sorprende el gran bagaje de vocabulario denostativo como se aprecia en el artículo del economista Quadri publicado en el diario El Economista de fecha 22 de mayo, 2020, el cual cito textualmente “Su compulsión por la destrucción es inédita, así como la estela de ruinas y escombros que va dejando a su paso. Sus motivaciones parecen inescrutables, pero se asocian con un amasijo tóxico de ignorancia, soberbia, mentiras, narcisismo, puerilidad, ideologías delirantes, resentimiento, autocracia, milenarismo, fanatismo sectario, prejuicios, odio por la ciencia y la razón, y simple y avasalladora ineptitud. El sector energía ha sido otra de sus víctimas más visibles, donde la saña de devastación ha resultado particularmente costosa.”, que por cierto, son argumentos que más que ser aportaciones sólidas, son una clara expresión emocional de su descontento.
Con respecto al Modelo Energético cabe señalar lo que puntualmente manifestó el Dr. Víctor Toledo, Secretario dela SEMARNAT, “Una cosa es transitarla [la Transición energética] bajo el modelo privado/estatal basado en empresas del Estado y corporaciones privadas, lo cual refuerza el control centralizado y vertical, y otra es la vía estatal/societaria donde el “switch energético” va quedando en manos de la sociedad y sus redes: manejo de energía solar, eólica e hidráulica a pequeña escala y con dispositivos accesibles y baratos para hogares, manzanas, edificios, barrios, comunidades, municipios. Eso se llama democracia energética.”
Ahora bien, hay que dejar en claro que conforme al marco jurídico vigente de la legislación mexicana en materia de energía, el Estado es el encargado de establecer y ejecutar la política, la regulación y la vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaria de Energía y la CRE. Siendo la Secretaria la que determina la pítica y la Comisión Reguladora establece la regulación económica, y ambas, comparten la función de vigilancia. Y en adición el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que, corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, funciones que de conformidad con el artículo 28, párrafo cuarto del mismo instrumento, son consideradas entre otras, como áreas estratégicas del Estado mexicano. Por ello, es legal la expedición del Acuerdo tan polémico de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Y aunque se ha alegado por los defensores de la inversión privada que ya es tema superado internacionalmente y en México, la compatibilidad, que no es otra cosa que la variabilidad de las energías (eólica y solar) por ser energías intermitentes, resulta que la CEPAL (2019, “Mapeo situacional de la planificación energética regional y desafíos en la integración de energías renovables: hacia una planificación sostenible para la integración energética regional”), opina al respecto: “Desde el punto de vista de la planificación del sistema eléctrico, uno de los principales desafíos asociados a la incorporación de las ERVs tiene que ver con compensar la variabilidad en la generación asociada a las centrales eólicas y solares sin almacenamiento. Para ello existen diversos recursos, entre los cuales se puede mencionar la incorporación de centrales de respuesta rápida ante variaciones en la carga neta del sistema (hidroeléctricas de embalse, turbogas de ciclo abierto y ciclo combinado), los sistemas de almacenamiento de energía (e.g. centrales hidro de bombeo), la interconexión con países limítrofes que puedan absorber excedentes o proporcionar capacidad de respaldo, y el manejo de la demanda.” Así las cosas, sería ilustrativo que los defensores mostrarán con qué recursos cuentan para lograr superar la variabilidad.
La ceguera de los defensores de la participación privada en la generación de energías renovables, los lleva a ocultar el tema de los Servicios Conexos, mismos que deberán cubrir ya que como lo señala explícitamente el Acuerdo “Que en la operación de la Sistema Eléctrico Nacional se observa que, por el efecto de la nubosidad en la irradiación, las rampas ascendentes y descendentes en las Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, y los cambios en la velocidad por ráfagas de viento en las Centrales Eléctricas Eólicas, se ha requerido de diversos Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista que han sido suministrados por las unidades de Centrales Eléctricas a base de combustibles fósiles (ciclos combinados, termoeléctricas convencionales, carboeléctricas, turbogases, etc.) e hidráulicas principalmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deben ser reconocidos;
Que promover la existencia y desarrollo de Servicios Conexos, resulta esencial para la gestión de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, facilitar el suministro ordenado de electricidad y garantizar que éste sea de Calidad;
Que, para garantizar y facilitar los futuros retos tecnológicos, es necesario reconocer Servicios Conexos para permitir a los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional y al conjunto del sector eléctrico, una innovación tecnológica sin afectar la flexibilidad, operatividad, sustentabilidad y Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional;
Que la inclusión y no discriminación en el mercado de Servicios Conexos, debiera ser maximizada para beneficiar a los usuarios finales al menor costo, es decir, que la infraestructura actual existente de Centrales Eléctricas con inercia rotatoria que es necesaria para la operación confiable del Sistema, puede fungir como Servicio Conexo. La infraestructura de gran escala de generación existente en el Sector presenta una inercia que es necesaria y pudiera fungir como parte de su operación, sin embargo, este servicio no está remunerado al proveedor del servicio. La nueva política de Confiabilidad incluye la utilización de la generación de las Centrales Eléctricas existentes, de manera que las eficiencias puedan ser internalizadas para su posible repercusión en el precio al Usuario Final;
Se dice también de manera ligera y sesgada que mediante el Acuerdo se “…eliminan la competencia y favorecen a las plantas de combustóleo de CFE más caras y contaminantes”, lo cual resulta en un planteamiento poco objetivo, ya que el Acuerdo ni tiene la finalidad, ni lo plantea tampoco, la eliminación de la competencia, sino solamente regular su participación a partir de criterios abiertos y transparentes como se plantea el Acuerdo y así lograr operar el Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución,
El economista Quadri además expresa que “… ilegalmente, bloquean pruebas pre-operativas y entrada en operación de centrales renovables; le dan facultades discrecionales al CENACE para despachar centrales eléctricas sin respetar el orden económico;” y tal afirmación nos lleva a plantearnos la disyuntiva entre el interés público y el interés privado, cuando hace bastante tiempo en la Constitución mexicana ya ha quedado claro y establecido que el interés público está por encima de cualquier otro interés, y que en el caso de la materia energética, la generación y sobre todo el servicio es de interés público y no al servicio para el “orden económico” privado. Y cuando apela a que la certeza jurídica que no debe desquebrajarse, después él mismo la desestima al considerar que los jueces y magistrados y el sistema legal, encontraran la forma de evadir la ley, cuando en el régimen actual de lo que se trata es de fortalecer un régimen de derecho, en donde se cuente con espacios institucionales jurídicos que ventilen las controversias entre los actores., ya sin mencionar, la verdad que todo mundo sabe, y es que la justicia está al servicio del mejor postor, llámese “orden económico “.
