ANTORCHA CAMPESINA
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y todos tenemos sin distinción las mismas obligaciones y los mismos derechos como el de la seguridad, bajo la responsabilidad del Estado a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado por la federación, las entidades federativas y los municipios, que se encargan de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos como la vida, la libertad y el patrimonio, entre otros. Nuestro Estado de derecho establece límites al ejercicio del Poder y procura una convivencia armónica entre todos los mexicanos. Eso dice la ley, aunque en la realidad no ocurre, así pues, como sabemos, unos somos más iguales que otros. Aquí en Querétaro, por ejemplo, el pasado 18 de febrero, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de ley que reforma la Ley de Seguridad, mejor conocida como “Ley Guaruras” que propone que los funcionarios públicos puedan tener a su cargo personal de seguridad, durante y después de terminar sus funciones.
Según estas reformas, el presidente del Consejo Estatal de Seguridad, es decir, el gobernador Francisco Domínguez Servién y los titulares de las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos que realicen funciones de seguridad, subsecretarios, vicefiscales, directores y demás personal, en activo o que hayan concluido su encargo, podrán disponer de integrantes de alguna institución de seguridad que les brinde seguridad personal.La iniciativa propuesta por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la LIX legislatura, diputado Roberto Cabrera Valencia, del PAN, inmediatamente fue avalada por 16 de los 25 legisladores: 11 votos de los diputados panistas, Elsa Méndez Álvarez del Partido Encuentro Social, Jorge Herrera Martínez del Partido Verde Ecologista, Concepción Herrera de Querétaro Independiente, Fabiola Larrondo y Laura Polo, diputadas de Morena y la abstención del diputado Mauricio Ruiz Olaes, con la que serían 17, pues para el caso da lo mismo.
La justificación de estas reformas, según Cabrera Valencia, es “armonizar” la legislación local con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ordena una prohibición, pero al mismo tiempo establece la salvedad de quiénes pueden hacer uso, como servidores públicos, de recursos materiales y humanos para su seguridad personal. “Se busca que haya una justificación por la naturaleza del cargo que desempeña y por la necesidad que se tenga, esta solicitud debe hacerse con un informe al órgano de control interno de cada dependencia que será quien apruebe o no la solicitud de quien considere amerita seguridad”, dijo. También explicó que se proporcionará personal de seguridad para que asista a las personas con cierta responsabilidad y en cada ordenamiento se establece quiénes serán los sujetos a estos supuestos.
“Estos sujetos son, el presidente del Consejo Estatal de Seguridad; organismos constitucionales autónomos y desconcentrados, como lo es quien está a cargo de los penales y centros de readaptación social en el estado, el titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro hasta niveles de dirección”. La enmienda considera que podrán contar con seguridad personal desde los titulares de las dependencias, entidades y órganos autónomos que realicen funciones de seguridad, hasta vicefiscales, subdirectores y directores en activo, o que hayan concluido el encargo al que fueron asignados, y al que se considere necesario proveerle seguridad.
Curiosamente la ley que dicen armonizar establece: “Los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en casos que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo al informe al Órgano interno de control respectivo o a la Secretaría”. A toda costa, pues, el gobierno estatal a través de sus 17 diputados panistas, como se evidenciaron, pretenden contar con seguridad personal, durante y despues de su gobierno, argumentando que “las circunstancias lo requieren” como confiesa Verónica Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, al informar que “la iniciativa se turnará al Poder Ejecutivo para que los servidores puedan disponer de seguridad aún después de concluir su cargo”, pagada obviamente con recursos de la gente que los mantiene sin haber recibido a cambio durante casi cinco años de gobierno, más que inseguridad y promesas.
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