VOCES DE MUEJRES
Hace 103 años, en aquel Querétaro de carretas y cantinas llenas de constituyentes bigotudos que un día legislaban y otro se agarraban a balazos, surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su redacción y en su contenido no participó una sola mujer. El texto final prácticamente nos dejó fuera. Fue hasta 1953 que se modificó para permitirnos votar y hasta 1975 que se reconoció nuestro derecho a la igualdad jurídica.
La Constitución ha sido modificada en más de 700 ocasiones, principalmente en los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pero el gobierno de la 4T pinta ya como el que más mano meterá a ese documento. Las reformas constitucionales han incluido la modificación de la conformación de la Suprema Corte de Justicia, la incorporación de los tratados internacionales en derechos humanos como parte de nuestra ley suprema, modificaciones y remodificaciones en materia de educación y seguridad energética y la obligación de cumplir con el principio de paridad. En mi opinión, junto con el reconocimiento de los derechos humanos y la prohibición expresa de toda forma de discriminación, la reforma más importante a nuestra ley suprema fue en materia penal. El cambio de paradigma que trajo consigo la reforma de junio de 2008 busca transformar nuestro sistema de justicia de uno inquisitorio, (en que toda persona señalada por un delito era culpable hasta demostrar su inocencia y en el que un gran número de personas eran sentenciadas con pruebas sembradas y sin haber nunca visto a un juez) a uno en que se busca proteger el principio de inocencia y el debido proceso garantizando la protección de los derechos humanos de víctimas y ofendidos.
Este nuevo sistema que aún está en pañales (si consideramos que es obligatorio en todo el territorio nacional a partir de 2016) se ha topado con muchos obstáculos y un gran número de detractores, como el actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. El Fiscal y ex-secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, puso de manifiesto su postura en un reciente foro con legisladores de MORENA en el que planteó, entre otras cosas, eliminar el delito de feminicidio como delito autónomo. Esto ha causado un enorme descontento entre las congresistas y activistas feministas que luchan por la erradicación de la violencia contra las mujeres y entre las defensoras de derechos humanos.
El reconocimiento del feminicidio como un delito autónomo deviene de la sentencia González y otras vs. México “Caso Campo Algodonero” en la que el Estado Mexicano fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir con su obligación de investigar y sancionar la violencia feminicida que hoy cobra diariamente la vida de 10 mujeres y niñas mexicanas por el simple hecho de ser mujeres. El designar al feminicidio como delito autónomo además tiene la finalidad de sacar a la luz pública la violencia machista naturalizada que vivimos las mujeres en México con el fin de obligar a todos los entes que integran el Estado a combatirla. Por eso nuestra indignación ante la propuesta de Gertz Manero y su deseo de minimizar y volver a invisibilizar la precaria situación de seguridad que experimentan de manera cotidiana miles de mujeres y niñas mexicanas y que, cuando llega a sus niveles más extremos termina con sus vidas, principalmente a manos de sus parejas y ex-parejas.
En Querétaro, después de luchar e insistir por años y como resultado de la solicitud de activación de la alerta de violencia de género, hemos logrado que la sociedad reconozca y se manifieste en contra de la violencia feminicida que viven las queretanas, lo que ha obligado a las autoridades, muy a su pesar, a tomar cartas en el asunto. Muestra de ello es la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de las Mujeres, que ha imputado y obtenido sentencias por el delito de feminicidio, aunque en un número de casos menor de los que consideramos correcto las organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento al tema.
La Constitución Mexicana, en su artículo 20 señala que “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. Aun estamos muy lejos de cumplir con estas cuatro máximas. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de feminicidio y homicidio doloso contra mujeres en nuestro estado sus hijos e hijas no han recibido la reparación integral del daño que los asesinatos de sus madres les han causado y un gran número se encuentra en condiciones precarias. En otros casos, sobre todo en aquellos donde la investigación no se realizó conforme a los protocolos internacionales, los feminicidas siguen impunes y son los familiares de la víctima quienes les buscan sin ayuda de las autoridades.
Es cierto que el sistema de justicia penal oral aún está lejos de cumplir con los objetivos plasmados en la Constitución. Sin embargo la propuesta de Gertz Manero nos alejaría aún más de lograr la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias que buscan ante todo saber la verdad y que se castigue al verdadero culpable tras una investigación profesional y un juicio justo. El Fiscal General de la República, en su añoranza de un pasado inexistente, busca volver a imponer un sistema que condenó a miles de personas con pruebas sembradas, confesiones obtenidas bajo tortura y violentando con desfachatez el debido proceso.
Las víctimas de violencia feminicida tienen derecho a la verdad y a la reparación integral del daño pero sobre todo tienen derecho a que sea el verdadero responsable de la muerte de sus hijas, hermanas y madres quien pague por sus delitos y no un inocente que le sirva a las Fiscalías de chivo expiatorio para encubrir su enorme falta de capacidad para investigar los hechos delictivos con apego a derecho.
