SERENDIPIA
2020 será un año crucial para Andrés Manuel López Obrador. Lo será para bien o para mal, tanto del Presidente como del país, sin puntos intermedios, como es la impronta obradorista. 2020 será el año definitivo para el gobierno de AMLO.
Será el año en el que se cumplirá un nuevo plazo de 12 meses solicitado por el Presidente para dar resultados en el tema de la seguridad y la contención de la violencia que detonó la guerra declarada por Felipe Calderón en 2006, el asunto más sensible e importante para los mexicanos.
Será también el año en el que ya no habrá vuelta atrás para el modelo de gobierno obradorista.
Un año para corregir errores e insuficiencias en programas y obras que simbolizan el obradorismo; o el año en el que los desaciertos se profundizarán y tendrán efectos más visibles en la economía, los servicios de salud, la recaudación fiscal, los programas sociales y la distribución de medicamentos en las instituciones públicas.
A punto de iniciar el segundo año de gobierno persisten la discusión y la división de opiniones entre quienes respaldan a AMLO y aquellos que piensan que estamos peor que con el PRI y el PAN.
El voto abrumador a favor de López Obrador salvó al país de la continuidad de un gobierno que era delincuencia organizada en el poder, y como tal creó estructuras para saquear las finanzas públicas y extorsionar.
Las investigaciones de Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, detectaron más de 700 casos de despojo o extorsión a empresarios. Uno de ellos, el caso de Oceanografía, involucra a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Replantear el pacto social para que el primer objetivo sean los mexicanos pobres y cambiar las prioridades de las instituciones en este sentido es un acierto del gobierno de López Obrador. AMLO ha acertado en las coordenadas que debe seguir el país, pero a la hora de trasladarlas a la administración pública, el gobierno se ha visto errático y reacio a enmendar pifias y corregir programas que carecen de instrumentos de medición, o que han naufragado en el intento de sustituir políticas públicas previas.
El caso más relevante es la desaparición de Prospera, creado hace 22 años para ayudar a millones de familias a salir de la pobreza. Se eliminó a las madres como garantes del correcto uso del dinero y desaparecieron más de una decena de componentes de salud y alimentación. La corrupción, la principal bandera obradorista, está limitada a la narrativa del Presidente. No se ha avanzado en la creación o robustecimiento de las estructuras institucionales para combatirla.
El desafío es alcanzar un equilibrio entre un Presidente fuerte, el mejor calificado en la historia, y los resultados de un gobierno percibido como débil, ineficaz y con un rumbo claro, pero distorsionado por errores y desajustes auto-provocados por la urgencia de cambiar todo en la administración obradorista.
