GOTA A GOTA
Toda esa noticia del relevo en la CNDH comenzó durante la ceremonia de la presea “Belisario Domínguez” cuando el tabasqueño la entregó a la hija de la Sra. Rosario Ibarra de Piedra quien, desde hace muchos años ha luchado por saber qué ocurrió con el hijo desaparecido. Presea merecida que la hija, en gesto simbólico, le devolvió al todopoderoso -y al propio tiempo- impotente inquilino de Palacio Nacional, acicateándolo para que se investigue sobre esas y otras muchas desapariciones. Y simbólico digo porque de esa tragedia, pasados tantos años, verdad nunca sabremos. Lo que resulta obvio es que Rosario Piedra Ibarra ya estaba en la mira de su alteza colérica Andrés Manuel para crear su “Defensoría del Pueblo”, organismo genuflexo, en vez del otro que, mal que bien, ha cumplido sus deberes de proteger al ciudadano.
Así pues, la Sra. Piedra Ibarra fue incluida en la terna cuya decisión dependía del Senado. El desaseo ha sido bochornoso, como corresponde a todo lo que pasa por las manos de la inefable mayoría de MORENA.
Y lo digo porque Piedra Ibarra estaba legalmente impedida para asumir el cargo, no por pertenecer al partido hegemónico, sino por haber sido funcionaria del movimiento liderado por su Alteza como consejera 148, situación que ocultó hasta momentos antes de la espuria elección, pero bien entonada con la partitura inmoral del tabasqueño.
En este sentido, Piedra Ibarra ha manchado la trayectoria de su madre que, está vez, a no ser que haya perdido el juicio, debió haberle aconsejado renunciar a tan alta encomienda, lo que parece no haber ocurrido. Así, el hecho de aceptarla, sin remordimiento alguno, por no decir que desvergonzadamente, la convierte, con pena y respeto a su cabellera enmarañada, lo digo, en una usurpadora, si por usurpación entendemos, en una de sus acepciones, el disfrutar atribuciones indebidamente, desde el punto de vista ético y jurídico.
Mal inicio para ella y, sobre todo para el ciudadano, pues ya hilvanada a la voluntad de su Alteza, dudo yo que Piedra Ibarra pueda conducirse con la autonomía que exige la recta defensa de los derechos ciudadanos frente a los abusos del poder.
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Sufragio efectivo, no reelección. Respeto a la división de poderes y a los ciudadanos. Sí a la vida y a la libertad de expresión.
