SERENDIPIA
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumple un año en unos días.
El saldo es dual.
En un extremo sobresalen los símbolos del obradorismo: el aumento al salario mínimo, la batalla contra la corrupción y una inversión histórica en gasto social, y en el otro el agravamiento de la violencia, el estancamiento de la economía y una administración pública que no termina de encarrilarse, enredada por los cambios adoptados para romper con los modelos instaurados en el pasado.
Los problemas que enfrenta el gobierno partieron de la idea de que la administración pública estaba atestada de corrupción y que era necesario cancelar y crear nuevos programas y políticas públicas.
La decisión comprendía riesgos. En lugar de que la tendencia fuese hacer las cosas funcionales desde un principio para detectar y corregir sobre la marcha, se optó por hacerlas de nueva cuenta, aunque de inicio no fueran funcionales.
Se apostó a que con el tiempo la administración del gobierno se corregiría, pero no ha sucedido.
La Ley de Austeridad es un ejemplo de cómo el gobierno del presidente López Obrador optó por un símbolo político —la frugalidad como espíritu—, que no parecía una mala idea ante los excesos e ilegalidades documentadas en los regímenes anteriores, y no por la funcionalidad que requería un gobierno nuevo, sin experiencia, recursos humanos y “fierros” en la administración pública federal para atacar el complejo tema de la inseguridad.
La lógica política que se impuso consistió en demostrar que un gobierno no debía ser oneroso como los anteriores.
El problema es que las instituciones existentes son entes vivos y por ellos transcurren asuntos, conexiones y relaciones con vínculos no solamente entre instituciones nacionales, sino con las de otros países con los que existen acuerdos y lazos de trabajo y comunicación.
Hay ejemplos documentados de cómo el desmontaje de áreas importantes del gobierno —más de 8 mil trabajadores despedidos— impactó esas conexiones y relaciones.
Quizá la medida de austeridad más relevante por su dimensión es el recorte y el subejercicio del presupuesto en la industria de la construcción orientados por dos objetivos: eliminar la corrupción en el sector y resolver el problema de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que ninguna compañía aceptó realizar en los tiempos y bajo el dinero que el gobierno consideró.
El resultado: entre enero y agosto la producción de la industria de la construcción cayó 6.6%, el personal descendió 4.2% y las horas trabajadas se redujeron 4%. Esto tuvo una incidencia en la caída del empleo y la desaceleración de la economía.
Hay otras áreas afectadas más sensibles, como la suspensión en la compra de medicamentos, que afectó a miles de derecho habientes pobres, y partes que han quedado sueltas en la estratégica y compleja relación con Estados Unidos, que incluye el espinoso tema de la seguridad. Abordaremos ambas en la próxima entrega.
