La detención de Sergio Hugo Bustamante Figueroa se produjo unas horas después de que el gobernador Francisco Domínguez Servién fuera notificado (el jueves) de que el empresario presentó una demanda en su contra por daño moral en la Ciudad de México, según revelaron fuentes cercanas al caso.
Como ya se informó Bustamante Figueroa, quien acusó al contador Antonio Rico Rico de haber vendido una propiedad en Centro Sur sin su autorización, fue detenido el viernes afuera del Hotel Hotsson, en Bernardo Quintana 8300, al sur de la ciudad (y no en El Campanario, como se había indicado) a pesar de contar con un amparo vigente número 1396/2019-III, que los jueces de control de juicios orales y penales, no acataron.
Y es que el viernes por la tarde, una veintena de patrullas interceptó el vehículo en el que viajaba Sergio Hugo Bustamante y su hijo Hugo Bustamante Aguilar. Las decenas de agentes detuvieron inicialmente al hijo; luego corrigieron y aprehendieron al papá.
Fuentes cercanas a la defensa, dijeron a PLAZA DE ARMAS que desde el momento de la detención se vio que la consigna sería mantener en la cárcel al hombre de 70 años que por ese simple hecho, merecería prisión domiciliaria.
Pero ni la edad ni el amparo evitaron que fuera internado en el penal de San José El Alto. De hecho, la jueza de control argumentó en la audiencia del sábado que no podía hacer válido el amparo por que los sellos no estaban del todo legibles, además, esgrimió que Bustamante Figueroa podría “sustraerse de la acción de la justicia”. Igual que el caso Rosario Robles.
Coincidentemente, el jueves pasado, 24 horas antes de los hechos relatados, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, fue notificado de que Bustamante Figueroa lo había demandado por daño moral.
Al otro día fue detenido por supuestamente haber falseado una declaración hecha en 2016, delito menor que habría prescrito hace un año, pero que para la Fiscalía del Estado, sigue vigente.
Ante lo que fuentes de la defensa señalan como un atropello a los derechos de Bustamante Figueroa, decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la privación de la libertad y el derecho de amparo del hoy detenido por un delito prescrito.
Al parecer, señalan las mismas fuentes, con esta acción se buscaría intimidar al denunciante de Antonio Rico Rico para que se retracte de sus acusaciones que hoy tienen en la cárcel al propio Rico Rico y a dos personas más.
Según la parte afectada, la “Fiscalía no estaba señalada como autoridad responsable porque no está dentro de sus facultades el emitir órdenes de aprehensión. Y en la audiencia la juez de control bajo el argumento de que no estaba en condiciones de corroborar ni la firma ni los sellos de la suspensión que le puso a la vista el presunto culpable , la desestimó. Cuando de todos es sabido que hoy en día, en el portal oficial se puede hacer esa consulta, así como lo reconoció el licenciado Edgar Francisco Varela Medina, director de acusación de la FGE, el delito por el que se ordenó la aprehensión es considerado no grave, toda vez que se trata de una falsedad ante autoridades de con una penalidad de tres años”.
En tanto, el director de Acusaciones de la Fiscalía del Estado, Francisco Varela, declaró este lunes que la “Fiscalía solicita una orden de aprehensión en su contra” ante la denuncia de “un particular de señala al imputado por haber declarado de manera contradictoria y es lo que motiva el inicio de la investigación”
Por lo pronto, el próximo jueves se realizará la audiencia en la que podría ser liberado Hugo Bustamante o, de lo contrario, seguir en prisión a pesar del amparo.
El origen del diferendo entre Bustamante y Rico, planteado en la denuncia del pasado 7 de junio (y de cuyo caso PLAZA DE ARMAS dio cuenta a principios del 2018), obedece a la compraventa de un edificio en 2015, por más de 156 millones de pesos, realizada por la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, de la que Rico y Bustamante eran dueños y el segundo no obtuvo su parte, según se señaló.
