EL JICOTE
La seguridad es la primera responsabilidad del Estado y no hay nada que legitime más a un gobierno que mantener la paz social. Los ciudadanos necesitan estar libres de violencia para ser, para realizarse, para convivir; para defender su integridad física y su patrimonio. La seguridad implica la impartición de justicia y la lucha contra el crimen. El señor gobernador Francisco Domínguez en su primer informe se enfocó a la administración de justicia, dijo: “Implementaremos un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral, fijaremos transformaciones profundas hacia un mejor porvenir”. En los siguientes informes el Gobernador no le da continuidad al tema, señalando por ejemplo, las metas, lo realizado y los resultados obtenidos, lo que dificulta la evaluación. En julio pasado El Financiero cita el análisis del GLAC (El GLAC es un Corporativo privado de seguimiento en Seguridad, Tecnología y gestión de riesgos) y sostiene que las entidades con mayor número de carpetas de investigación por agentes del Ministerio Público, destacan: Baja California, Nuevo León, Querétaro, Jalisco y el Estado de México. Es la falta de Ministerios Públicos lo que dificulta la atención y seguimiento a las denuncias. El pasado 4 de octubre Plaza de Armas publicó una entrevista que Sergio A. Venegas Alarcón le hizo al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Antonio Ortega, quien reconoció que sigue habiendo rezagos y la necesidad de que el Poder Judicial crezca al ritmo de Querétaro, pues ha habido un aumento de diez por ciento en todos los asuntos. El “mejor porvenir de la administración de justicia” que prometió el Gobernador Francisco Domínguez es todavía un compromiso incumplido. Por lo que se refiere a la seguridad el Gobernador ha desbordado optimismo, ha dicho: somos el Estado con el mayor descenso en el número de víctimas del delito; Querétaro es el tercer Estado con menor percepción de inseguridad; Querétaro se ubica entre las 10 entidades con la mejor calificación nacional. Hay otros datos, Semáforo Delictivo, una organización civil que lleva más de 25 años trabajando en el tema, afirma que Querétaro está en rojo, es decir, rebasa la media nacional en homicidios, en accidentes de tránsito: extorsión; narcomenudeo, robo a negocios, lesiones; violación, violencia familiar. En consumo de drogas, también en comparación con el promedio nacional, en Querétaro se duplicó porcentualmente en marihuana, alcohol y tabaco. El de marihuana es de 1.2% a nivel nacional y en Querétaro de 2.1% en el mes de agosto de 2019. El optimismo oficial adquiere visos de esquizofrenia si se cotejan los informes con una noticia todavía calientita (El Universal. 14 de octubre de 2019. A 10 Nación). El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirma: “Las entidades con mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes son: Colima, Aguascalientes, Baja California, Querétaro, arriba de la Ciudad de México”. Falso de toda falsedad que el Gobierno maquille las cifras sobre los delitos, por supuesto que no, imposible. No las maquilla, ni les da una manita de gato, son irreconocibles, auténticamente el gobierno les aplica una cirugía mayor a su imaginación y conveniencia. Han perdido toda credibilidad.
