VOCES DE MUJERES
Los gritos se escucharon por todo el auditorio. La línea de honor se quedó petrificada al ser confrontada por una mujer que en una mano sostenía una foto de su cuerpo mal herido y en la otra la mano de su hija, una joven con una evidente discapacidad intelectual que repetía las palabras de su madre como un eco desgarrador. “¡Exijo justicia!”, les gritaba a la cara y llamaba por su nombre a las personas que presidían el evento. “¡Exijo justicia! porque Ustedes solo vienen a los foros y se van y a mí me prometen ayudan y no hacen nada”. La señora reclamaba que su hija había sido violada, que ella lo había denunciado y que, a raíz de la denuncia, había sufrido varios atentados contra su vida, había perdido su casa y había sido sometida a un vía cruxis burocrático que no había resuelto nada y que solo la había revictimizado. Sus exigencias terminaron cuando perdió el conocimiento mientras su hija lloraba desconsolada a su lado pidiendo ayuda. En la sala el silencio desgarrador de las asistentes solo se rompía por los sollozos de muchas activistas y servidoras públicas que trabajan con víctimas y que de manera cotidiana y con infinita impotencia escuchan ese mismo reclamo.
A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la 4T la conclusión sobre su gestión en materia de combate a la violencia que sufren las niñas y mujeres mexicanas es desalentadora. Las acciones emprendidas por el gobierno federal no solo son similares a las de gobiernos anteriores (foros de consulta mal planeados, programas descoyuntados y presupuestos insuficientes de la mano de autoridades indolentes e incompetentes) sino que muchas han tenido un impacto particularmente negativo en las mujeres y niñas como la eliminación de subsidios a las estancias infantiles, el retiro de apoyos a organizaciones sociales que mantenían refugios para mujeres, la reducción de presupuesto y personal a las instituciones encargadas del combate a la violencia y la designación de funcionarias desde la amistad y la lealtad y no desde la competencia y capacidad.
Durante los últimos meses he tenido la oportunidad de participar en diversos foros de análisis sobre violencia de género contra las mujeres y las acciones necesarias para su combate y erradicación. Estos foros, en su mayoría organizados por Universidades y organizaciones sociales, nos han permitido analizar de la mano de expertas la situación nacional de violencia en la que viven las mujeres y las niñas de México; el incremento en feminicidios, violaciones y desapariciones, pero sobre todo, las fallas en el sistema de justicia penal, la violencia institucional que viven las víctimas que deciden denunciar y la ausencia casi total de acciones para reparar el daño sufrido.
El combate a la violencia de género que viven las mujeres en México se ha centrado principalmente en la implementación de medidas punitivas acompañadas de una fallida política de seguridad pública que ha incrementado el riesgo por la falta de capacitación de policías civiles y la salida de los militares y marinos a las calles, quienes han sido señalados de manera constante por violaciones y agresiones sexuales en los territorios que vigilan. Por otro lado el SENSP (Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública) refleja un incremento de 54 por ciento en asesinatos de mujeres entre 2014 y 2017. Para 2018 la cifra de feminicidios aumento en 21 por ciento. Tan solo de enero a julio de 2019 se han registrado 1,750 homicidios de mujeres con sospecha de feminicidio, lo cual indica una nueva tendencia a la alza. La CEDAW (Comité de para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU) ha emitido varias recomendaciones al estado mexicano en especial por la falta de armonización legislativa que presenta lagunas, contradicciones y fallas de técnica importantes para la aplicación correcta de la norma; las reformas e iniciativas de ley contrarias a los derechos humanos de las mujeres propuestas en las legislaturas locales que buscan impedir el acceso a la justicia a mujeres y niñas y la falta de capacitación, personal y recursos necesarios para la realización de investigaciones y aplicación de sanciones con perspectiva de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que nuestro país debe estandarizar protocolos, criterios de investigación y de impartición de justicia para resolver los delitos que atenten contra la libertad sexual y las vidas de las mujeres además de asignar todo el presupuesto necesario para poder implementar estas medidas y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas. Sin embargo, la solución de muchos legisladores, contrario a lo señalado por los organismos internacionales, se ha limitado a elevar las penas de prisión y a proponer medidas descabelladas y contrarias a derecho como la pena de muerte o la prisión vitalicia, en lugar de enfocarse de manera prioritaria en la prevención y la restitución de los derechos de las víctimas. Es terrible pensar que a la fecha se desconoce el número de niños y niñas huérfanas víctimas indirectas de feminicidio, la mayoría de los estados y la federación han sido omisos en su obligación de atender a las víctimas de manera integral, los jueces limitan sus sentencias al pago de multas y reparaciones económicas ínfimas y los asesores jurídicos públicos para atención a víctimas son insuficientes cuando no inexistentes.
El sistema penal en México, igual que el de muchos países del mundo, contribuye de manera importante a la violencia que experimentan las víctimas tras sufrir un hecho delictivo. Esta carga discriminatoria se incrementa cuando las víctimas son mujeres. Si además sumamos otros factores de discriminación como su origen étnico o socio económico, su orientació sexual o identidad de género, su profesión, edad o estado civil, la violencia institucional es aún mayor. Las víctimas mujeres no solo no reciben atención sino que son responsabilizadas por las agresiones sufridas, se les impone la carga de la prueba, se cuestiona su dicho y, si logran llegar a una sentencia, su sufrimiento se traduce muchas veces en una sanción económica al agresor con lo que se pretende resarcir el daño físico, emocional y psicológico, muchas veces permanente, que sufren ellas y sus familias.
Como sociedad no podemos seguir concibiendo la justicia exclusivamente como una forma de venganza colectiva que castiga al agresor. Para que la justicia sea verdadera debe ser orientada desde la visión de la víctima, en la totalidad de los daños a reparar y sus necesidades reales; debe permitirse que la víctima exprese su opinión y sus sentimientos; debe ser escuchada en todo momento por funcionarios, instituciones, pero sobre todo por los impartidores de justicia; debe ser tratada con empatía y respeto, pero sobre todo, la restitución de sus derechos debe incluir la intervención en su comunidad para evitar el escarnio y la repetición de los hechos victimizantes. En tanto como autoridad y como sociedad no comprendamos que las víctimas y la restitución de sus derechos deben ser el eje central de nuestro sistema de justicia penal, no lograremos construir una sociedad de paz y seguiremos siendo testigos de los reclamos desgarradores de madres que claman justicia a gritos a autoridades insensibles.
