ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
El pasado domingo se rindió el 1er Informe del Gobierno de México, sobre el cual se dio cuenta de un conjunto de acciones llevadas a cabo en materia de medio ambiente, recursos naturales, reforestaciones, servicios ambientales, calidad del aire, residuos, biodiversidad, agua, y procuración de justicia ambiental entre otros.
Desde mi perspectiva, señalaré tres puntos importantes, a saber:
La política ambiental del gobierno estará firmemente basada en la democracia participativa, entendida ésta como aquella democracia que permita la participación libre, voluntaria y directa de los ciudadanos sin mediadores. Y en el documento del 1er Informe se menciona como claro ejemplo la consulta sobre la construcción y operación del “Parque Solar Ticul A y Ticul B”: en donde se realizaron tres sesiones de la Asamblea Consultiva, con la participación de 500 personas, en la localidad de San José Tipceh municipio de Muna, Yucatán, el 28 y 29 de abril de 2019 y el 6 de mayo de 2019, la cual se coordinó en la fase previa de la consulta en la Comunidad de Plan Chac municipio de Sacalum, Yucatán. Así tendremos que en los proyectos claves o estratégicos, se llevará a cabo la democracia participativa para determinar la pertinencia o no de dicho proyecto, y en estos ejercicios se pondrá en acción la colaboración interinstitucional a través de un comité técnico ad hoc y un garante de los compromisos acordados por el pueblo. Asimismo, se establece un proceso de seguimiento y mejora para verificar que se cumplan los acuerdos entre los gobiernos y el pueblo, a fin de recopilar las mejores prácticas para fomentar la mejora continua de los procesos participativos.
Queda pendiente, ya que no se aborda, ni se menciona en el capítulo de los acuerdos internacionales, la ratificación del Acuerdo de Escazu que trata sobre la participación, la consulta, la justicia ambiental y la protección de los derechos de los defensosres del medio ambiente.
En dicho Informe de Gobierno, es la primera vez desde el inicio de gobierno, que se toca el tema de la procuración de justicia ambiental, lástima que sólo consistió en un recuento de acciones en diferentes frentes pero no se esboza una política, ni los nuevos paradigmas que habrán de observarse. Lo único que se menciona como cifra, más no política, es la instalación de 18 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa que ya se venía haciendo, pero que es la única liga con el modelo de democracia participativa que es el sostén de la actuación del gobierno.
Por lo que en éste rubro, queda también diferida la propuesta de la política que sin duda es relevante, no sólo por la participación ciudadana, sino también, por que el rubro de inspección y vigilancia se relaciona con la seguridad nacional, en donde opera la delincuencia ambiental organizada que atenta contra el patrimonio ambiental de México. Las mismas cifras mostradas en el Informe dan cuenta del grado de ilegalidad presente en temas ambientales, sobre todo en materia forestal y de impacto ambiental. Y frente a la actual crisis ambiental y la emergencia en distintos estados, es necesario un nuevo enfoque de la justicia ambiental.
Es prematuro esbozar un juicio sobre la política ambiental, ya que si tomamos en cuenta que el relevo de la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, en muy reciente, seguramente, aún no se ha terminado la arquitectura de la Institución, ni tampoco el cuerpo central del programa sectorial, pues a decir verdad, los foros de consulta apenas inicio días antes del Informe, a tal punto que no se registra en el mismo. Y así como no podemos tomar sólo cifras, tampoco podemos basar una opinión sólo sobre las obras de la refinería e3n tabasco y el tren maya. Ya habrá tiempo en éste año para conocer cuál es la propuesta política y programática en materia ambiental.
