EL JICOTE
La asunción de López Obrador al poder no fue una simple alternancia en la Presidencia de la República como fue el caso de Fox y Calderón, donde lo que hubo fue un cambio de las cúpulas y el estilo de hacer política pero no hubo transformaciones trascendentales ni en el marco jurídico ni en las relaciones de los ciudadanos con el poder público. No se trata tampoco, como soberbiamente presume el Presidente, de un cambio de régimen, que hubiera llevado necesariamente a la formación de un poder constituyente, si se quiere hacer el cambio de régimen pacíficamente. El gobierno de López Obrador es una especie de gobierno de transición donde se está pasando de un estado de cosas a otro, se han desaparecido algunas instituciones y en algunos casos se han sustituido por otras, pero no ha concluido la Cuarta Transformación en una nueva Constitución. Y es que la legitimidad del Presidente no le alcanza para cambiar la división de poderes y enterrar la economía liberal. El rasgo de su gobierno es el de la incertidumbre, donde el Ejecutivo bracea dificultosamente, por una parte, en las aguas de las instituciones y las leyes pero acosándolas y presionándolas, ya sea para cambiarlas en forma atropellada o simplemente no hacerles caso; por el lado económico, la transición presume que ha impuesto la política sobre la economía, curiosamente con asesores empresariales, escoltado en una mañanera por el miembro más distinguido y cómplice de la mafia del poder, Carlos Slim, y como nunca en un mensaje de presidentes neoliberales, López Obrador ha mencionado en su Informe a más empresarios que a héroes de la Patria o funcionarios; además, tratándolos con palabras acariciantes. Esto último puede pasar, hipocresías de la política, pero donde se observa la incongruencia de la transición es en su falta de respeto al Estado de Derecho. Los ejemplo sobran, unas cuantas perlas: cuando erigido en sastre legislativo cambió la ley e hizo una a la medida para que Paco Ignacio Taibo II tomara posesión del Fondo de Cultura Económica; la perla negra fue cuando declaró abrogada nuestra Carta Magna, la Ley Suprema, la Norma de Normas, nuestra Constitución, con un memorándum. Lo último es verdaderamente para espantar, ha manifestado abiertamente que se negará a acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las Estancias Infantiles. La Comisión acusa al Presidente, concretamente, de haber violado derechos humanos y le ha recomendado su obligación de resarcir esos derechos, regresando los recursos públicos a las Estancias Infantiles. La Comisión advirtió que podría recurrir a instancias internacionales para obligarlo y el Presidente respondió desafiante que si quiere que lo haga. Al Presidente parece olvidársele que al tomar protesta juró cumplir con la Constitución y sus leyes. Gusta de citar a Maquiavelo, quien por cierto recomendaba utilizar la ley y sólo en casos desesperados a la fuerza. De seguir, con este rasgo chicharronero, en el segundo informe será otra etapa de la transición donde López Obrador ya no citará a Maquiavelo, sino a Luis XIV: “El Estado soy yo”.