VOCES DE MUJERES
Con cada vez más frecuencia grupos ultraconservadores señalan a la lucha por los derechos humanos de las mujeres, las expresiones públicas de la comunidad LGBTI+ y el reconocimiento de diversos tipos de familias como responsables de la pérdida valores y buenas costumbres de la sociedad. Esas personas, de manera individual o en grupo, con un gran empecinamiento esparcen mensajes de odio en sus discurso y redes sociales argumentando equivocadamente que su derecho a expresar libremente sus prejuicios es ilimitado y absoluto. Ese discurso de odio, que ha demostrado ser políticamente redituable, llevó a la elección en Estados Unidos de un presidente que de manera explícita pone en evidencia su desdén por las mujeres, los homosexuales y los mexicanos con la intención abierta de afectar sus vidas.
El discurso de odio es un discurso que expresa, ya sea por vía escrita, oral o en redes sociales, prejuicios contra un grupo o grupos de personas, especialmente por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, posición social y preferencia sexual. Este tipo de expresiones que se dispersan muchas veces de manera anónima e impune en redes sociales, se sustentan en dogmas, supersticiones, estereotipos y tabúes y son un peligroso caldo de cultivo cuando se diseminan entre grupos de individuos receptivos a mensajes poco profundos, simplistas y reiterativos por parte de personas en una posición de autoridad. Como señala el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, este lenguaje homofóbico, misógino, clasista, racista y sexista difama y denigra a colectivos históricamente discriminados y genera un clima de intolerancia entre aquellos que lo difunden y quienes lo aceptan. El discurso de odio es un ataque velado pero terrible a los derechos humanos.
El derecho a expresarnos con libertad es fundamental para un Estado democrático, sin embargo este derecho, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, tiene un límite claro sobre todo cuando el discurso de odio proviene de funcionarios y servidores públicos que buscan silenciar la voz de las personas pertenecientes a grupos que han sido discriminados y que exigen sus derechos. Estas expresiones de odio se oponen a la construcción de una sociedad plural y diversa, su normalización contribuye a generar un ambiente de violencia y constituye una violación grave de los derechos humanos. Más aún, la normalización del discurso de odio nunca debe considerarse aceptable porque su objetivo principal es racionalizar la violencia y justificar el acoso, la persecución y la anulación de la dignidad humana de las personas más vulneradas de nuestra sociedad.
Recientemente, las expresiones violentas, agresivas y discriminatorias emitidas por funcionarios y funcionarias han escalado hasta la denigración, el hostigamiento y las amenazas en contra de personas y movimientos sociales legítimos y han contribuido al aumento de los feminicidios y violaciones a mujeres y niñas, al incremento de crímenes en contra de personas de la comunidad LGBTI+, especialmente contra mujeres-trans y a las agresiones sufridas por las personas migrantesque transitan por nuestro país.
La Suprema Corte sostiene que las expresiones que impliquen una incitación, promoción o justificación de la intolerancia mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo contra mujeres, personas de la comunidad de la diversidad sexual o familias diversas, entre otras, deben ser consideradas como una forma de lenguaje discriminatorio y por lo mismo dichas expresiones no se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución. Por el contrario, la SCJN ha sido muy clara en señalar de manera categórica la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas como un mandato constitucional a todo funcionario y servidor público.
El lenguaje conforma la realidad y debe tomarse con seriedad para evitar que las expresiones de odio de funcionarios y servidores públicos violenten la norma en perjuicio de las personas o sectores que son blanco de sus prejuicios e impedir que sean incorporadas en el diseño de políticas públicas o en la asignación de presupuestos.
Lo que está de por medio es la dignidad humana.
