SERENDIPIA

Lo que Tlahuelilpan revela

Tres meses de la explosión de Tlahuelilpan confirman la invariabilidad política y social de tres de los conflictos más graves del país: injusticia, impunidad y corrupción.

Podría decirse, sin temor a tartamudear, que los saldos de la tragedia que enlutó temprano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no difieren en gran cosa de lo que se reclamaba con furia y ahínco a los gobiernos del PRI y del PAN.

Como sucedió en el gobierno de Peña con escándalos como el socavón de Cuernavaca que mató a dos personas y no tocó ni con el pensamiento a las autoridades salpicadas de corrupción, las investigaciones en el gobierno de López Obrador tampoco han logrado esclarecer las responsabilidades de Pemex y el Ejército en la explosión que mató a 135 personas, cuando estalló uno de los ductos cerrados por el nuevo gobierno como parte de lo que se anunció entonces, como un plan contra el robo de combustibles.

Políticamente, la tragedia de Tlahuelilpan ha puesto en entredicho algunas de las expectativas más esperanzadoras del cambio de gobierno. Las encuestas publicadas en los días posteriores al estallido del ducto confirmaron que una mayoría abrumadora de ciudadanos estaba harta de la impasibilidad del gobierno ante delitos tan graves como el robo de combustibles y recibía como una buena noticia la decisión de enfrentar a las bandas de huachicoleros que explotaban los ductos de Pemex en extensos territorios de Hidalgo y Puebla.

Pero lo ocurrido en las semanas posteriores a la explosión del 17 de enero confirma que en los temas vitales de energía, cumplimiento de la ley y justicia, en realidad no hay indicios ni resultados diferentes.

La explosión de Tlahuelilpan ha desnudado, tres meses después, la fragilidad de la política energética del gobierno, una nave que se bambolea sin rumbo, ni una estrategia clara para transformarla de fondo y que no sea en esencia la misma de los gobiernos de la alianza PRI-PAN, una política que se transforme en beneficios en los insumos más básicos para el ciudadano, como una disminución real en el precio de la gasolina.

Tampoco se ve una estrategia clara para combatir el robo de combustible. Las autoridades no han sido capaces de evitar la multiplicación de los ductos picados: a cada válvula cerrada, el crimen organizado ha respondido con nuevos sabotajes.

La corrupción y el encubrimiento que el gobierno del presidente López Obrador acusó en Pemex durante el gobierno de Enrique Peña tampoco se ha traducido en la aprehensión de los exfuncionarios que por años cobijaron desde la paraestatal el robo de combustibles.

Quizá la mácula más notoria en el nuevo gobierno, comparado con sus antecesores, sea el desdén de las autoridades con las víctimas y sus familiares. La Fiscalía federal aún tiene restos humanos sin identificar y la Fiscalía de Hidalgo no entregó a los familiares el informe de la identificación de restos ya procesados, porque se atravesaron las vacaciones de Semana Santa.