La Asamblea Constituyente aprobó un apartado al artículo 21 de la nueva Constitución de la Ciudad de México en la que se establece que el derecho al servicio público del agua será ejercido por el gobierno de la ciudad así como la distribución, abasto de agua y drenaje por lo que no podrá ser ofrecido por ninguna empresa privada.
Dicho artículo fue aprobado con 82 votos favor, tres en contra y cuatro abstenciones, con lo que logró la mayoría.
También, dicho artículo estableció que la prestación del servicio de barrido, recolección, transportación y disposición de la basura así como su aprovechamiento y uso será una responsabilidad del gobierno de la ciudad, con lo que la misma se compromete a adoptar tecnologías que ayuden al tratamiento de los residuos sólidos.
