ANTORCHA CAMPESINA
¿Con 3de3, políticos recuperarán la confianza de ciudadanos?
Según datos del Índice de Percepción de la Corrupción correspondientes al año 2017, México se ubicó en el lugar 138 de 180 entre países estudiados; es decir que nuestro país está entre las naciones más corruptas del mundo; igual o poco menos que Rusia, Papúa Nueva Guinea, Zimbabue, Angola, Yemen o Somalia, y demasiado alejado de los países considerados menos corruptos como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia y Suecia.
Esta condición -de ser de las naciones más corruptas- es histórica. No sé exactamente cuándo surgió esta “cultura” del cochupo, la tranza o el “moche”, pero lo que sí sabemos todos, es que nuestro país no avanza como quisiéramos porque existen -en menor o mayor medida- las tranzas y las trampas cometidas principalmente por los servidores públicos. Por esta razón, un grupo de ciudadanos y más de 70 organizaciones civiles y ciudadanas se planteó como meta reunir 120 mil firmas para presentar la iniciativa de Ley 3de3, y hacer que esta se convierta en una obligación para todos los gobernantes y dirigentes políticos.
El principio de esta propuesta es sencillo: todos los funcionarios, legisladores, líderes de partido y candidatos a cargos de elección popular, deben hacer públicas tres declaraciones: la fiscal, la patrimonial y la de intereses, como una muestra real y tangible de su compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
Al publicar éstas, la ciudadanía en general podrá tener claro cuánto ganan, cuánto tienen, cuales son sus propiedades, a cuánto ascienden, si cumplen o no su responsabilidad con el fisco y, por supuesto, en qué empresas o negocios participa. Pero si bien es cierto que esta iniciativa ha tenido algunos resultados, el hecho real es que aún hay mucha resistencia para cumplir con esta responsabilidad fiscal. Un ejemplo es Querétaro. A la fecha suman 69 funcionarios públicos de los distintos niveles, los que han presentado dicha
declaración.
Sin embargo, son muchos más los que no lo han hecho entre los que se encuentran, por ejemplo, el “súper-delegado” Gilberto Herrera Ruiz, los alcaldes de Amealco, Cadereyta, Jalpan de Serra, San Juan del Río y Tequisquiapan; Rosendo Anaya, León Enrique Bolaño, Celia Amador Enriquez, Guillermo Vega Guerrero y José Antonio Mejía Lira, respectivamente. Tampoco lo han hecho los diputados locales, María Concepción Herrera, Jorge Herrera, Martha Fabiola Larrondo, Laura Patricia Polo y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, por mencionar sólo algunos de nuestros políticos.
Recordemos que hasta ahora, la presentación de la llamada “3de3” es de carácter voluntario; no hay ley u ordenamiento que los obligue a transparentar sus actividades pero es evidente que la actitud omisa (independientemente de los argumentos que lleguen a esgrimir para justificar su ausencia) es la falta de voluntad para ser partícipes de la transparencia y la rendición de cuentas puesta de moda por el actual gobierno federal.
Es evidente que esta actitud omisa y de resistencia vergonzoza no se podrá combatir si se deja en manos de los políticos corruptos e hipócritas de siempre que la utilizan como bandera para allegarse votos, sabiendo del hartazgo de la gente, o si esperamos que lo hagan sólo si les da la gana, como está pasado ya con altos y muy honestos funcionarios del propio gobierno federal, como la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero o como el Secretario de Comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú, que con todo cálculo se reservaron declarar los bienes que poseen en el extranjero.
La iniciativa 3de3 surgió, también con la intención de que los políticos recuperaran la confianza de la ciudadanía, pero estos no lo harán. Por eso, los ciudadanos debemos actuar y comenzar a combatir esta mala costumbre que junto con la desigualdad en la distribución de la riqueza producida por todos, tiene a nuestro querido México sumido en una condición deplorable y en crisis permanente por las grandes pérdidas que se registran por esta práctica.
