ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Evaluación del Programa de Cambio Climático

El pasado 5 de febrero, no sólo se conmemoró la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se publicó en el Diario oficial de la Federación, por parte del Instituto de Ecología y Cambio Climático, los resultados y recomendaciones de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio.

Al respecto, es bastante ilustrativo, señalar que tal evaluación deviene del titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social quienes emitieron el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, en donde se incluye la evaluación estratégica con enfoque de políticas públicas considerando como área responsable al INECC para emprender la evaluación en el ámbito de mitigación (generación de energía eléctrica, transporte y residuos urbanos) y de adaptación (reducción de la vulnerabilidad de los municipios más vulnerables al cambio climático). 

Para ello, decidió concentrar su atención en 6 entidades federativas y 3 municipios por cada una de ellas. La selección de las entidades federativas y municipios se realizó considerando 6 regiones del país y criterios como población, emisiones de CO2e y actividades económicas. Para el caso de los municipios también se incluyó un municipio urbano, uno periurbano y un municipio rural, y se tomaron en cuenta los índices de pobreza reportados por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval). Dicha evaluación empieza por señalar que: “En general, se aprecia como un reto significativo incluir la transversalidad del cambio climático en la política de los diferentes sectores analizados. Estas dificultades se perciben a través del análisis de gabinete de los diferentes planes, programas y demás documentos de política, así como de la información obtenida de entrevistas y cuestionarios formulados a las autoridades consultadas, lo cual muestra que la ejecución de las diferentes acciones de gobierno identificadas por la evaluación está lejos de conformar una política sistemática y consistente con los compromisos adquiridos por México conforme a la LGCC, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.”

Lo anterior no es sorpresa, y basta decir que hay innumerables artículos estudios e investigaciones, más quejas y críticas ciudadanas que se produjeron en el dicho periodo, precisamente observando la ineficacia del actuar gubernamental. Y aunque el estado de Querétaro, no formo parte de los estados de la muestra de dicha evaluación, seguro que también le aplica este señalamiento.

Pero en lo que quiero concentrarme es en los siguientes criterios de la evaluación, relacionados con el uso de energías limpias y a saber el documento de la evaluación duramente puntualiza lo
siguiente:

“La participación de estados y municipios para aprovechar las oportunidades en la generación limpia de energía eléctrica es impostergable. Adicionalmente, los estados y municipios no consideran las acciones de facilitación, soporte, promoción e implementación de ahorro de energía, eficiencia energética, energías limpias y generación distribuida. Es necesario que dichos órdenes de gobierno conozcan, incorporen e implementen las acciones que en su esfera de responsabilidad les corresponde.

Dichos órdenes de gobierno no conocen, incorporan ni implementan las acciones que en su esfera de responsabilidad les corresponde conforme a la hoja de ruta en materia de eficiencia energética emitida por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

Los mecanismos de planeación del sector de energía eléctrica carecen de convergencia con la política de mitigación de GYCEI. Los documentos de planeación se refieren únicamente a generación de energía eléctrica sin estimar adecuadamente la mitigación. Por ejemplo, en el orden federal, no existe claridad de la forma en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como empresa productiva del Estado mexicano, incluye o está incorporando energías limpias en sus operaciones propias de generación de energía.”

Con respecto a éste punto, hay que señalar que a pesar de que en Querétaro contamos con una Ley de Cambio Climático que incluye el Título Sexto Del fomento y aprovechamiento sustentable de la energía, no ha llegado el momento de que el gobierno estatal y los municipios cuenten con un programa de transición energética o al menos que incluyan, ahora que han empezado las nuevas administraciones municipales, dentro de su Plan, metas para la promoción y generación de energías limpias. He insistido en muchos foros, consultas y reuniones sobre ello, pero hay oídos sordos. Quiero señalar que el único funcionario estatal, en su momento, Luis Bernardo Nava, como jefe de la oficina de la gobernatura, tenía la visión e intención de avanzar en estos temas, incluso, de crear una Agencia Estatal de Energía. Después de eso, no hay nada
concreto.

E incluso, en el Título Sexto de la Ley Estatal, Capítulo Segundo, De la promoción de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en su Artículo 55 se establece que “La Secretaría nombrará al Comisionado para la coordinación del Fomento de Energías Renovables del Estado de Querétaro, para el impulso de proyectos, los mecanismos de financiamiento y certificación, las asociaciones de usuarios y generadores de energías renovables, la integración de la matriz energética estatal y la información sobre la generación de energías renovables en el Estado.” Lo cual es una asignatura pendiente hasta la fecha, pero necesario, así como la creación de la Agencia Estatal de Energía y los programas de transición energética. Hay otros aspectos que debemos poner sobre la mesa, como lo son: una reforma a nivel federal para distribuir las competencias con los estados en materia de energía distribuida y ésta misma ampliarla hasta los 1,000 kW para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por otra parte, la de crear la figura de la “Manifestación de Impacto Energético” como obligación para las nuevas industrias que vengan a asentarse en el estado, con el fin de que garanticen al menos un 10 % de uso energía limpia.

Por último, también cabe comentar que sería bastante recomendable, que se adoptará el programa de “Bono Solar” para paliar la pobreza energética en el entidad, al tenor de reducir la brecha de pobreza de alrededor de 40, mil habitantes que la padecen y asimismo, observar  lo que señala el artículo 52 de la Ley citada: “Se reconoce el principio de la democracia energética, que representa la responsabilidad compartida de la ciudadanía, instituciones, sectores productivos y poderes públicos, respecto a la utilización de la energía renovable como bien común, en la forma que mejor garantice el desarrollo justo, equitativo, colectivo y sustentable”.