SERENDIPIA
Las mafias detrás del presupuesto
Si pudiéramos acechar detrás del presupuesto que el Presidente envía y el Congreso autoriza cada año, veríamos una película de terror. Una buena parte del dinero que el ciudadano aporta en forma de un impuesto termina convertido en corrupción, un monstruo omnipresente que comete algunas de sus peores fechorías en el terreno fértil donde se forman las nuevas generaciones: la educación.
La realidad siempre supera a la ficción y la polémica desatada por la reducción propuesta al dinero que reciben varias universidades públicas –más de mil millones a la UNAM– nos sirve en una charola que podríamos imaginar del material más obscuro y resistente, uno de los ejemplos más vergonzosos de corrupción con recursos
públicos.
Las opciones federales de educación media superior como la ex-DGETA y ex-DGETI Unidad de Educación Media Superior Técnica Industrial y de Servicios (UEMSTIS), antes Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, representan uno de los espacios de desarrollo educativo más importantes en dinero, con un presupuesto que este año ascendió a 20 mil millones de pesos. Dentro de la estructura educativa es un símbolo de poder sólo por el monto de los recursos.
Pero el sueño de hacer de ella una institución de vanguardia en un aspecto esencial como la educación superior, mutó en el paso de los años en un feudo bajo dominio de líderes y mafias que crearon unas sólidas redes de poder que les permiten no solo llevarse a sus casas una parte del presupuesto, sino hacer uno de los negocios más mezquinos: lucrar con los estudiantes más vulnerables.
Estas estructuras de poder y corrupción están formadas por ex porros y líderes que han ocupado espacios de poder y creado fraternidades laborales, además de poner en venta todo a partir de la plaza de director de un plantel, tasada en 300 mil pesos. Detrás de estas redes aparecensenadores, diputados, presidentes municipales con injerencia en la UEMSTIS, que cambian de color según el partido dominante. El negocio incluye a 650 mil estudiantes de educación media superior, casi todos de familias vulnerables y muchos habitantes de zonas violentas. Aun cuando la educación es gratuita, ante la falta de presupuesto, aportan cuotas voluntarias de entre 250 y 3000 pesos semestrales, y pagan por los servicios: uniformes, festivales y la expedición de títulos –20 mil pesos– que, inexplicablemente, se suspendió entre 2013 y 2017. Este año se expidieron más de 150 mil certificados y se trabaja en la entrega de 50 mil títulos. Estas redes se han extendido como hongos en la hierba por toda la estructura educativa, incluyendo las universidades. Es preciso cambiar sistemas y métodos, empezando por auditar y limpiar sus estructuras de poder. ¿Permitirá el presidente que continúe el asalto detrás del presupuesto? La tarde de ayer, acompañada por videos de estudiantes de distintas casas de estudio, la etiqueta#AuditoríaALasUniversidades ocupaba el primer lugar en los tópicos de discusión en Twitter.
