SERENDIPIA

Un nuevo diccionario de corrupción

En el último escándalo de corrupción política, la senadora Layda Sansores utilizó 700 mil pesos de dinero público para comprar artículos de lujo. Esto la hermana con otros actores políticos tentados por los excesos en años recientes.

Podíamos citar a Angélica Rivera, la esposa del presidente Peña, así como a los líderes sindicales Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps y a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, acusado de aceptar sobornos en el caso Odebrecht, solo por citar unos pocos casos.

La corrupción está por todas partes. Lo más grave es que en años recientes logró penetrar las estructuras institucionales, como ha mostrado los desvíos de recursos federales a través de empresas fantasma o como reveló “La estafa maestra”, una investigación de Animal Político que reveló que el gobierno federal entregó cerca de 8 mil millones de pesos en contratos ilegales.

Andrés Manuel López Obrador, quien lidera la contienda por una distancia de entre 10 y 30 puntos, ha hecho de la corrupción el principal tema de su campaña. Ha sostenido que es el origen de los problemas del país y que si se frena de golpe, más de 500 mil millones de pesos pueden ser reorientados a programas sociales.

Ante la posibilidad de resultar electo, el propio López Obrador y sus colaboradores ya preparan un ambicioso plan anticorrupción. La intención es poner en marcha nuevas leyes y herramientas en las instituciones para combatirla desde todos los frentes de gobierno e incluso en los otros poderes (legislativo y judicial).

La tarea parece titánica. En los últimos decenios la corrupción ha evolucionado al grado de llegar a un extremo por demás peligroso: hoy no sabemos con certeza qué actos la representan (en vista que han proliferado tantas nuevas formas y modos) y ni siquiera es posible diferenciar unos actos de corrupción de otros.

¿Pueden representar actos de corrupción los contratos asignados directamente por López Obrador a Rioboó? ¿La casa blanca que Angélica Rivera aceptó de un contratista que había recibido contratos de los gobiernos estatal y federal encabezados por Enrique Peña? ¿Los tintes para el cabello, la silla Luis XVI, la ropa y otros lujos por 700 mil pesos comprados por Layda Sansores con cargo al Senado? ¿Los hijos, parejas, primos y familiares de más de 500 jueces y magistrados del Poder Judicial que ocupan plazas en tribunales y juzgados?

Los diputados y senadores se han resistido a modificar las leyes para endurecer los castigos contra quienes incurran en los delitos de cohecho y peculado. Incentivada por esas conductas, la corrupción se ha multiplicado no solo en dinero sino en las vías y formas en las que se reproduce, hasta llegar a ser un monstruo cuyas entrañas hoy desconocemos.

Si no se quiere repetir la simulación, el gobierno que tomará posesión en diciembre de 2018 debería empezar por trabajar en un nuevo diccionario para definir, diferenciar o categorizar las distintas formas de corrupción documentadas en la gestión peñista.