ENCUENTRO CIUDADANO
El costo electoral
Cuando se habla de democracia, el punto donde converge la mayoría de analistas, políticos y ciudadanos, son las elecciones. Sabemos que el concepto es más profundo, múltiple, diverso y no sólo electoral. Se ha difundido, no con exhaustividad, que en nuestro país se realiza una democracia muy costosa, y no sólo en lo económico que ya sería suficiente, sino en su operatividad y resultados, acumulando una deuda histórica enorme.
Hasta 2006 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) gozaba de una alta estima y reconocimiento a su labor, así lo demostraron diversos estudios de opinión. Muy distinta es la percepción después de esas elecciones. Su desgaste fue de la mano en la debacle en la estima de casi todas las instituciones públicas, todas ahora devaluadas. La saña en su utilización, lucro y rapiña para fines personales o de grupo, acabaron con la confianza ciudadana, tanto a nivel federal como estatal. Como botón de muestra están los ultrajes a la Lotería Nacional, el ISSSTE, Pemex, a los gobiernos estatales y un sinnúmero de alcaldías.
Para el caso electoral, los costos más negativos se localizan, más allá de la desconfianza ciudadana, en el desmedido crecimiento de las burocracias electorales, con el consecuente incremento de los costos de operación de estos organismos; la fragmentación del sistema electoral en 32 sistemas electorales, que coexisten con el sistema federal y repiten, de manera costosa, procesos que podrían ser desarrollados por un solo cuerpo de funcionarios; la diversidad de soluciones, plazos y formalidades para un mismo tema; así como la judicialización de los procesos electorales, resueltos en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).
Técnicamente la creación de una autoridad electoral nacional conlleva economías de escala en la administración de las elecciones, pero esto no es así, perviven las autoridades administrativas locales (es decir, los institutos estatales, entre ellos el IEEQ), que no permiten concentrar las adquisiciones y la contratación de servicios en materia electoral; también la autoridad nacional electoral brinda a los partidos y candidatos garantías de imparcialidad y objetividad en su desempeño igualmente que los organismos electorales locales. Se dobletea el despilfarro.
Un problema colateral del nuevo modelo consiste en el régimen del financiamiento del Instituto Nacional Electoral el cual, para atender sus nuevas facultades ha incrementado sus gastos de funcionamiento y su plantilla laboral. Las elecciones de este año sólo en el ámbito federal (presidencia, diputados y senadores) tiene un costo de 28 mil 022 millones de pesos. Hace seis años en 2012, el costo de las elecciones federales fue de casi 23 mil millones de pesos, es un aumento del 22%. Este 2018, el costo presupuestario del INE será de 17 mil 426.4 millones de pesos; el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 mil 893.2 millones de pesos, y el de los partidos políticos 6 mil 702.9 millones de pesos (sin incluir el financiamiento para candidaturas independientes). En cuanto al presupuesto asignado a los partidos para campañas políticas (sin incluir financiamiento privado y no reportado), para la coalición conformada por PRI, PVEM y Panal fueron 863.96 millones de pesos; la coalición de PAN-PRD-MC, 832.5 millones de pesos; y Morena-PES-PT, el monto es de 451.36 millones de pesos.
Hay que recordar que en las elecciones de éste 1° de julio, habrá 3 mil 406 cargos en disputa, federales y locales, entre ellos el de presidente, 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores, 1 jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 1,596 ayuntamientos y 972 diputados locales, entre otros. En el caso de la elección presidencial, el tope de gasto para cada candidato será de 492.63 millones de pesos. Todo esto en el ámbito federal ¿y en los estados? Ante esta situación cabe preguntar ¿Llevará a cabo el INE un arqueo de las actividades en los procesos electorales estatales y municipales? ¿Se realizará seguimiento al financiamiento público a los partidos políticos locales para sus actividades y de sus gastos en el actual proceso electoral?
La pregunta es vital ante la falta de mayores controles en materia de transparencia y rendición de cuentas en el actual entorno electoral, donde lo local debe ser tan importante como el ámbito federal.
