La expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue un gran avance para nuestro país, pero todavía hace falta crear mecanismos legales y políticas públicas que promuevan la participación de este sector en la construcción de soluciones para el mejoramiento de su entorno, señala un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.
El estudio titulado “La importancia de legislar en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes en México”, sostiene que la sociedad debe comenzar a concebir a la niñez y a la infancia como actores sujetos de derechos, participativos, creativos y capaces de modificar y de influir en su entorno.
El estudio del IBD señala que de los 40 millones de menores de edad (de cero a 17 años) que habitan en México, 21.4 millones viven en pobreza, lo que significa que uno de cada dos niños y adolescentes en el país tiene carencias y rezagos sociales importantes. Además, 4.6 millones de ellos viven en pobreza extrema, señala el documento.
Ante estos y otros obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos de niños y adolescentes, la investigación advierte que los tomadores de decisiones deben pedir la opinión de niños y adolescentes en temas como la violencia, los problemas escolares, el trabajo, la alimentación, la recreación y el hogar, entre otros.
Incluso, sugiere el estudio, se podría definir en la ley como una violación a sus derechos el no escuchar sus ideas.
Adicionalmente, indica el IBD, es necesario crear mecanismos legales, sociales y culturales que impulsen la participación de los niños y los adolescentes, así como la concepción social que se tiene sobre estos actores.
