El pleno del Parlamento Europeo (PE) decidió este miércoles introducir en el orden del día un punto de debate sobre la definición en los Estados miembros del delito de violación según el Convenio de Estambul y a raíz de la sentencia de La Manada.
La eurodiputada de Podemos Tania González fue encargada de proponer el debate en nombre de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) al inicio de la sesión plenaria, una propuesta que obtuvo el visto bueno de la mayoría de los grupos.
El debate, cuya celebración fue respaldada por 188 votos a favor, 136 en contra y 20 abstenciones (sólo la mitad del hemiciclo estaba presente), tendrá lugar a partir de las 16.00 GMT, llevará el título “Declaración del Consejo y la Comisión Europea sobre la aplicación en España de los estándares internacionales sobre la definición de violencia sexual a la luz del caso de La Manada”.
“Señorías, hoy muchas mujeres españolas se sienten más desprotegidas por las instituciones judiciales que hace una semana, cuando se publicó una sentencia delirante por violación múltiple”, dijo González en el pleno antes de relatar ante los eurodiputados el suceso ocurrido durante la fiesta de los Sanfermines (en la ciudad española de Pamplona) de 2016.
La eurodiputada de Podemos defendió que todos los Estados miembros de la UE deberían adaptar la definición de violación del Convenio de Estambul que España ha ratificado pero no implementado, y que establece que “todo acto sexual sin consentimiento es violación”.
En declaraciones a los medios en el hemiciclo, González se felicitó por el éxito de la iniciativa y leyó el voto favorable al debate también como un apoyo del hemiciclo europeo al movimiento feminista resurgido en España desde el 8 de marzo.
Al debate quiso también en el pleno dar luz verde el Partido Popular (PP) español, quien a través de la eurodiputada Rosa Estarás dejo claro su apoyo a “enmarcar el debate en el cumplimiento del Convenio de Estambul, pero no como crítica a las decisiones judiciales”.
Estarás recordó que el caso está todavía en los tribunales y que en las decisiones del poder judicial no debe entrometerse el legislativo.
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