En atención al fallo del magistrado José Antonio Ortega Cerbón, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, la juez de Cadereyta ordenó este jueves devolver la superficie de 160 hectáreas a los líderes de la comunidad indígena de El Coyote, en el Municipio de Ezequiel Montes.
Para ello se estableció un plazo de 24 horas, que de no cumplirse se ejecutaría con apoyo de la fuerza pública, informaron los abogados defensores María de Lourdes Palomares Orozco y Víctor Mora Cardadr a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, entregando copias de la orden dictada por la jueza de control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, María Teresa González García.
Igualmente quedó sin efecto la vinculación a proceso que se había instruido en contra de Patricia Camacho Ramírez, Mauricio Cruz Aguilar y Mauricio Cruz Camacho por el supuesto delito de despojo calificado en agravio de la sucesión testamentaria a vienes de Leopoldo Vega Montes.
Y es que el tribunal de alzada resolvió que no quedó satisfecho el requisito de procesabilidad exigido por el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, diponiéndose dar de baja el cuaderno en el libro respectivo respectivo.
En la misma resolución la jueza acuerda informarle lo anterior al Juzgado IV de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro que inició un juicio de amparo en contra de su orden de desalojo del 26 de febrero de este año .
ANTECEDENTES
El 10 de marzo anterior, PLAZA DE ARMAS informó: Habitantes de la comunidad indígena de El Coyote, en el Municipio de Ezequiel Montes, con más de 100 años de antigüedad, denunciaron el despojo de sus tierras, a pesar de tener una suspensión dictada por el juez IV de Distrito contra la orden de la juez de Control María Teresa González, hecho ignorado por la fiscal de acusación de Cadereyta, Jessica Areli López Briseño.
Medio centenar de familias afectadas y a las que ya les comenzaron a derribar sus viviendas, dentro de las 174 hectáreas en conflicto, de las que siembran 26 y en donde tienen bordos de agua y animales de pastoreo.
Las tierras, ubicadas al lado de las granjas de Pilgrims, están sujetas a un viejo litigio entre los ocupantes y los herederos del finado Leopoldo Vega Montes y los empresarios que están iniciando un fraccionamiento en la zona, representados por el licenciado Ricardo Almanza y José Luis Hernández Higareda.
La semana pasada procedieron al desalojo, apoyados con hombres armados (presuntos policías con chalecos de la desaparecida DID) y en lo que consideran una flagrante violación a sus derechos, ignorando la suspensión provisional emitida por juez federal. Incluso se agredió al abogado Víctor Mora Cardador por parte de uno de los supuestos agentes cuando pretendió presentar el documento a la fiscal de acusación de Cadereyta, Jessica Areli López Briseño.
La juez consideró que el despojo fue realizado por los miembros de la comunidad, liderada por Patricia Camacho Ramírez, y señaló para restitución provisional, sin tomar en cuenta los elementos de prueba y un juicio de prescripción radicado en el Juzgado Mixto Civil de Cadereyta, en el cual se reclama la posesión pública, continua, pacífica y de buena fe por parte de las familias.
Luego de la acción emprendida, los desarrolladores metieron perros rottweiler que han comenzado a devorar los borregos y otros animales de los indígenas, que también perdieron barbecho, bordos de agua y casas.
Con la resolución emitida por el magistrado José Antonio Ortega Cerbón, se hace justicia a las familias de la comunidad de El Coyote, en donde están asentadas desde hace más de 100 años.
POR: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ
