La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió un complejo entramado que llevó al presunto desvío de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos del erario durante la administración de José Calzada Rovirosa al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De acuerdo con una investigación de los periodistas Carlos Loret de Mola y Mario Gutiérrez Vega, la ASF indagó sobre presuntos apoyos de la Sagarpa entregados a pescadores de hasta por 9 millones de pesos.
El primero consistió en “clonar campesinos”, con lo que se formaban padrones con nombres y direcciones de los supuestos beneficiarios de un programa de apoyo, aunque una misma huella digital se repetía cientos de veces en dichos padrones y recibos.
Con esto, el apoyo habría sido repartido entre unos cuantos campesinos y el resto serían huellas clonadas para justificar la partida presupuestal ante la ASF.
El segundo método se realizaba cuando personal de Sagarpa llegaba a los pueblos y establecía dos mesas. Primeramente, el campesino firmaba que había recibido un apoyo monetario, por ejemplo mil 500 pesos, por lo que entregaba su credencial de elector, la cual era capturada mediante un método similar al utilizado por los aspirantes a una candidatura independiente para juntar firmas.
Posteriormente, el trabajador pasaba a otra mesa, donde le ofrecían escoger entre 800 pesos en efectivo o 900 en especie, por lo que el resto del dinero se esfumaba inmediatamente, toda vez que el beneficiario ya había firmado de recibido.
La tercer forma se llevó a cabo bajo el mismo por el que están denunciados de usar Sedesol y Sedatu, que consiste en entregar contratos multimillonarios a instituciones universitarias o del Estado para evadir las licitaciones y que el dinero quedara en empresas privadas fachada.
En el caso de Sagarpa, la trama se realizó mediante tres universidades de Zacatecas. Dichos métodos indican montos multimillonarios pudieron manejarse de forma discrecional.
Según fuentes de la ASF, por este caso hay dos funcionarios en la mira: Ricardo Aguilar Castillo, quien era subsecretario de Sagarpa y que aparece como operador, así como el entonces secretario José Calzada.
Ambos funcionarios renunciaron a sus cargos para ser candidatos a legisladores por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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