ENCUENTRO CIUDADANO

La última reforma estructural

En una ocasión el director de un gran número de diarios en el país (a la postre la Organización Editorial Mexicana OEM), el coronel José García Valseca adiestro a sus periodistas señalándoles que, “en esto del diario se puede escribir y comentar de todo, menos de tres figuras que son intocables: la Virgen de Guadalupe, el Ejército mexicano y la figura presidencial”. Para la llamada Santísima Trinidad también los tiempos han cambiando: la Virgen de Guadalupe ha sido pisoteada, banalizada cada 12 de diciembre, hecha marca en China y turbada por escándalos sexuales en templos y curias. El Ejército nacional se ganó a pulso el repudio de habitantes, analistas y medios. Los derechos humanos entraron en el escenario y lo que fue prohibición se convirtió en bonanza noticiosa, cuestionando al organismo castrense. El Presidente de la República es el Judas y el bufón de todos los días, poco queda de su otrora aura omnisciente. Al titular del Ejecutivo Federal no lo consideran respetable ni niños, ni religiosos, ni amas de casa, estudiantes, ciudadanos de a pie, ni analistas profesionales. En el caso del ejército, los últimos años ha actuado en la ilegalidad y con la exigencia del general secretario Salvador Cienfuegos reclama hacer legal lo ilegal de su presencia, actuación y resultados, los cuales no sólo han sido magros, sino atentadores al orden social y constitucional. Al altanero reclamo del general Cienfuegos que cuestiono severamente a la clase política a la que sirve, al sistema judicial que separa poderes y contiene fueros, a las procuradurías y policías de todo el país que marco como ineficientes (y le falto corruptas), se dispararon dos corrientes visibles y públicas de acción y pensamiento. La primera solicita y servil por parte de los pregoneros del orden gubernamental y del sistema, que a toda prisa se prepararon, promovieron y defienden la reforma estructural que cierra el círculo de presión a la ciudadanía: la militarización del país. Su pretexto es el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, acompañada de un corifeo de medios de comunicación que obnubilados miran de hinojos el desamparo castrense, minimizando las ambiciones de los cuerpos militares. La otra corriente proveniente de la sociedad civil organizada e incluso del aparato oficial defensor de los derechos humanos, quienes señalan que la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones civiles, no debiendo asumir como algo permanente y mucho menos el promover que así sea, la presencia en las calles del ejército. La nueva ley indica el concepto de “Uso legítimo de la fuerza” que permitirá a las fuerzas armadas ejercerla para “repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”. La Ley de Seguridad Interior (LSI) no fortalece a las instituciones civiles, sino al poder militar, ya que esta Ley traspasa facultades a las fuerzas armadas sin un adecuado control del Poder Ejecutivo. Y sin equilibro entre el gobierno civil y militar, va a continuar la expansión del aparto castrense donde cada vez más funciones civiles (capitanía de puertos, procuración de justicia, seguridad pública, adicciones, etc.) pasan a manos militares. Se está revirtiendo la tendencia, la superioridad o el control civil por encima de los mandos militares, en una coyuntura en la cual los mandos militares han cobrado fuerza en términos presupuestales y de libertad de actuación, así como a aislarse de la rendición de cuentas y actuar extralegalmente. Además, la LSI es incompatible con tratados internacionales, al existir contradicción entre la regularización de las fuerzas armadas en labores de seguridad con lo establecido en la Constitución, que señala que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”. La seguridad interior es un híbrido y ambiguo concepto, debido a ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó desde 2009 que dicho concepto “es propio de regímenes autoritarios”, ya que diluye la frontera entre la seguridad nacional (como tarea encargada a las fuerzas armadas) y la seguridad pública o ciudadana, como tarea de las autoridades civiles. La directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Sección México, Tania Reneaum, recordó que organismos internacionales como la propia CIDH, pero también diversos mecanismos de Naciones Unidas, han emitido múltiples recomendaciones a México, que no están contempladas en la legislación. La LSI, no fortalece a la Policía y los legisladores dejaron de lado este aspecto. Por ello se tendría que fijar un plazo en el cual gobernadores, presidentes municipales y por supuesto el presidente, recuperen su obligación de capacitar y poner a las fuerzas policiacas al nivel que les corresponde. Además, la LSI afecta la privacidad, ya que las previsiones señalan que será posible la intervención de comunicaciones, representando un peligro para la libertad de internet y la privacidad de las telecomunicaciones. Además, la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley será considerada de Seguridad Nacional, por lo que puede ser clasificada para evitar su acceso a través de la transparencia. Eso va a dificultar cualquier tipo de rendición de cuentas, tanto la social mediante las solicitudes de acceso a la información, como la de las responsabilidades de violaciones a derechos humanos y administrativas. En la LSI no vemos verdaderos pesos y contrapesos, porque está documentado que en diversas actuaciones el Ejército comete violaciones a los derechos humanos y hay un estado críptico hacia la rendición de cuentas y respecto a la forma como se tendría que hacer visibles a los militares responsables. El futuro ya lo previó el ex Secretario de la Defensa Guillermo Galván, al afirmar que: “A pesar de las muertes de civiles en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, estos son daños colaterales lamentables”. Así las víctimas civiles del ejército, son rebajadas a daño colateral.
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La iniciativa de ley de Seguridad Interior que discute el Congreso va acompañada de una propuesta para la limitación de las garantías individuales (contención de las protestas ciudadanas), es en sí un autogolpe militar avalado por el gobierno civil. La critica está en que las autoridades civiles están dejándose chantajear al aceptar las iniciativas que el Ejército exige y que de fondo anulan la posibilidad de la profesionalización policial. La debilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto lo dispone a aceptar y llevar a cabo las concesiones al Ejército, colocándonos en la ruta de militarización lo cual es inaceptable. Una serie de organizaciones civiles dieron a conocer un comunicado muy serio exigiendo que la propuesta del coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, de presentar al pleno de esa instancia legislativa, la iniciativa presidencial de ley de seguridad interior, debe ser sometida a un debate público y que no se apruebe en un periodo extraordinario al vapor simplemente dado su impacto en toda la vida nacional. Es clara la disputa, el mando militar está tratando de imponerse al mando civil y el Congreso, instancia cívica por naturaleza, se presta a avalar una iniciativa de ley que busca darle protección legal a lo que los militares vienen haciendo extra legalmente desde hace 10 años, se busca darles protección sin controles, sin transparencia, sin vigilancia civil al ámbito militar, con soldados cada vez más presentes, mientras los civiles se pliegan a soldados que crecen, y policías cada vez menos profesionales, encaminándonos a un estado de excepción, donde la excepción se vuelve la regla.
Y por lo pronto en Querétaro, autoridades militares refrendan el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la XII Región Militar y la 17/a. Zona Militar, de “continuar coadyuvando para reducir la violencia y fortalecer la seguridad en el estado y el país”, “materializando una agenda de trabajo permanente a fin de inhibir los delitos de mayor incidencia en el estado de Querétaro”. Al parecer no están a disgusto con la ineficiencia policial local, ni con las labores policiacas que se les han implantado.
Ninguna regulación, desde luego que puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias, toda regulación tiene que respetar los derechos humanos. No se puede sustituir las competencias de otras autoridades como es la persecución de los delitos, ya que estas facultades competen al Ministerio Público y a los cuerpos de Policía.
La LSI equipara las tareas de inteligencia nacional, donde se requieren capacidades extraordinarias, a las tareas de inteligencia en seguridad interior. El artículo 28 dice que para la recolección de información se podrá ‘hacer uso de cualquier técnica o método’. Las medidas de control no son las previstas en la Constitución para las comunicaciones privadas, porque las equipara a las de seguridad nacional, donde los mecanismos de control no existen.
La información que se genere con motivo de la aplicación de la ley será considerada de Seguridad Nacional, por lo que puede ser clasificada para evitar su acceso a través de transparencia. Eso va a dificultar cualquier tipo de rendición de cuentas, tanto la social mediante las solicitudes de acceso a la información, como la de las responsabilidades de violaciones a derechos humanos y administrativas.