El Pleno del Senado de la República aprobó, con 102 votos a favor y cero en contra, expedir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera, promover la competencia del mercado y dar certidumbre jurídica a los participantes del sector.
La legislación establecerá un marco normativo que regula las plataformas denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), desde las que se celebran operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico.
El dictamen con proyecto de decreto, se elaboró con base en los principios de inclusión e innovación financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, promoción de la sana competencia y prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
Prevé un marco general regulatorio, es decir, pretende establecer las bases y una regulación mínima que deben regir las instituciones, y deja que lo demás se regule en disposiciones secundarias, para contar con mayor flexibilidad, considerando la velocidad con la que ocurren los avances tecnológicos.
Crea un Comité Interinstitucional que intervendrá en la toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones y la imposición de sanciones; éste será una instancia colegiada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, integrada también por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.
Prevé que las ITF utilicen equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos para otorgar sus servicios.
Permite el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticidad para dar acceso a sus clientes a su Infraestructura Tecnológica, contratar sus productos y servicios o realizar operaciones.
Contempla el uso de activos virtuales como las criptomonedas o bitcoins, previa autorización del Banco de México; de este modo permite que las ITF operen con éstos, que se entienden como representaciones de un valor digital verificable que no tienen curso legal, pero generan unidades para su intercambio.
Prevé un marco normativo en el que se contemplan las sanciones administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la Ley o disposiciones que de ella emanen.
Por ejemplo: multa de 30 mil a 150 mil Unidad de Medida y Actualización (UMA) por realizar operaciones con activos virtuales o divisas sin contar con previa autorización del Banco de México o por realizar Operaciones con activos virtuales distintos a los determinados.
Multa de 30 mil a 150 mil UMA por difundir información falsa o engañosa o que induzca al error, a través de las ITF, sociedades autorizadas para operar con Modelos Novedosos; sanciona con prisión de tres a nueve años y multa de 5 mil a 150 mil UMA, a quien sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, acceda a los equipos o medios electrónicos, ópticos, informáticos o de cualquier otra tecnología de las ITF.
El senador José Francisco Yunes Zorrilla, que presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que con la Ley, que se enmarca en cinco principios rectores, se pone orden y da certeza jurídica.
El senador Patricio Martínez García, presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señaló que se eliminó cualquier redacción que diera pie a cualquier actuación discrecional de las autoridades para autorizar la constitución de Instituciones de Tecnología Financiera.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo, dijo que existen 703 ITF identificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo: México tiene 180 (26 por ciento del total), Brasil tiene 230, Colombia 84 y se reparte el resto en otros países, como Argentina y Chile.
El senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional, refirió que la Ley atiende el mercado de los jóvenes emprendedores, que actualmente por falta de un historial crediticio no tienen acceso a financiamiento.
El senador Mario Delgado Carrillo, del Partido del Trabajo, comentó que el Senado recibió una iniciativa muy conservadora, con el miedo de generar riesgos excesivos para el sistema financiero, y fue modificada en más de 40 artículos para que no quedará como una Ley reguladora, sino que también sea promotora y más mexicanos sean usuarios de servicios financieros.
El senador Esteban Albarrán Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que se busca acercar los servicios financieros a personas y sectores que tradicionalmente no pueden abrir una cuenta bancaria o acceder a un crédito.
El senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, detalló que al dictaminar la iniciativa se corrieron dos riesgos: “la anarquía infeliz actual y la anarquía sobre reglamentaria”; el país está sobre regulado, y lo que se debe buscar es la innovación.
El senador Zoé Robledo, del Partido del Trabajo, refirió que los nuevos mecanismos servirán, por ejemplo, para reducir el gasto en el reparto de recursos de programas sociales; “Prospera tiene un costo de 80 mil millones de pesos anuales, y siete mil son gasto para entregarlos”.
El senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que en la dictaminación se privilegió el diálogo, el consenso y la apertura para aceptar propuestas que se incorporaron al proyecto.
El senador Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, señaló que con la aprobación de esta Ley, México asume el liderazgo entre los países latinoamericanos, porque se establecen los requisitos que deben cumplir las ITF para su autorización.
Daniel Ávila, del Partido Acción Nacional, abundó en que las reformas a la legislación vigente son necesarias para aclarar conceptos como captación directa o indirecta, precisar oferta e intermediación de títulos emitidos por las ITF, modernizar funcionamiento de asesores en inversiones, dotar de facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para regular información que puedan requerir a centros cambiarios, entre otros.
Marcela Guerra, del Partido Revolucionario Institucional, comentó que además de promover la inclusión financiera, se protege al consumidor, se preserva la estabilidad financiera y mejora las condiciones de competencia del sistema financiero.
En la discusión en lo particular, el senador Isidro Pedraza Chávez (PRD) presentó una modificación al artículo 58, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos sobre el procedimiento, criterios, plazos y términos en las ITF, con la finalidad de otorgar flexibilidad a las plataformas digitales. El Pleno aprobó la modificación en votación nominal, con 92 votos a favor.
Los senadores Francisco Búrquez Valenzuela (PAN), Manuel Cárdenas Fonseca (sin partido) y Marco Antonio Blásquez (PT) reservaron y también presentaron cambios a diversos artículos de la Ley, las cuales fueron desechados en votación económica.
El proyecto de decreto aprobado expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley del Mercado de Valores; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El dictamen aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados.
