La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Marja Kristel “N” por el delito de usurpación de profesiones, derivado de una investigación relacionada con la realización de un procedimiento estético en una clínica ubicada en la colonia Juriquilla, municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba públicamente sus servicios a través de perfiles en redes sociales, en los que se anunciaba como especialista en procedimientos estéticos.
La persona ofendida tuvo conocimiento de la publicidad, por lo que estableció comunicación con uno de los perfiles para concertar una cita. Posteriormente, el 10 de junio de 2024, acudió a las instalaciones de la clínica, ubicadas en la colonia Juriquilla, donde fue atendida por la imputada, quien se presentó como doctora estética y le realizó un procedimiento estético.
Tras la intervención, la ofendida presentó alteraciones y deformidad en una parte de su rostro, por lo que requirió atención médica y se determinó la necesidad de una cirugía reconstructiva para la extracción del producto aplicado.
Proceso Legal y Medidas Cautelares
Como parte de los actos de investigación, la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó diligencias para la identificación y localización de la imputada. Asimismo, se obtuvo información del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C., mediante la cual se estableció que Marja Kristel “N” cuenta con formación como médico cirujano, pero no con certificación como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Con los datos de prueba recabados, esta Fiscalía formuló imputación durante la audiencia inicial, en la que un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Marja Kristel “N” por el delito de usurpación de profesiones. Cabe destacar que la imputada ya había sido vinculada a proceso anteriormente por hechos de la misma naturaleza, por lo que esta resolución constituye un nuevo proceso penal en su contra.
La autoridad judicial impuso diversas medidas cautelares, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad correspondiente, restricciones para salir del ámbito territorial autorizado, sometimiento a vigilancia y suspensión temporal del ejercicio de una actividad profesional o laboral. Asimismo, estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
