El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó e inhabilitó por un año a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez de Distrito Especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, cuyo caso ha provocado polémica luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en noviembre de 2025 que se le había denunciado por liberar a delincuentes.
La sanción fue impuesta por modificar a la baja las penas negociadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y los imputados en cuatro procedimientos abreviados por delitos contra la salud, portación y posesión de armas de fuego.
Según el TDJ, el juez no podía cambiar lo acordado entre las partes, por lo que incurrió en notorio descuido al cometer un “error inexcusable”.
Sigales, veterano de 25 años en el Poder Judicial, ha estado suspendido de su cargo desde el 30 de octubre de 2025, percibiendo solo la tercera parte de su salario.
Además, desde hace un año el TDJ denunció penalmente Sigales, y la FGR ya obtuvo un citatorio para que comparezca ante una jueza de Control de Nayarit el próximo 10 de diciembre, cuando será imputado por delitos contra la administración de justicia.
Sigales arrastraba desde 2023 quejas de la propia FGR y de la Secretaría de Marina (Semar) ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por sus criterios en delitos que el gobierno considera de alto impacto.
La sanción fue resuelta por la Comisión de Disciplina del TDJ, integrada por los Magistrados Rufino León Tovar, Celia Maya y Bernardo Bátiz, por lo que no es definitiva, ya que puede ser revisada por el Pleno del propio TDJ, integrado por dichos magistrados y otras dos magistradas.
El actual régimen disciplinario ya no permite a jueces y magistrados impugnar sanciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El rechazo gremial ante el órgano disciplinario
La decisión del TDJ provocó el rechazo inmediato de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), que considera este caso como ejemplo del “ánimo represor” del órgano disciplinario creado por la reforma judicial de Morena, y como una afectación a la libertad interpretativa de los jueces.
“JUFED expresa con profunda preocupación la posibilidad de que a partir de esta resolución se refuerce un ánimo represor que, con sanciones definitivas hacia personas juzgadoras de carrera judicial, genere un clima de incertidumbre y zozobra que de alguna manera socave la independencia judicial. Más aún cuando este procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones públicas emitidas desde las conferencias matutinas de la titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que genera la sospecha de que el TDJ esté actuando por consigna política”, sostuvo hoy la asociación.
Agregó que el juez tenía derecho a ejercer su criterio interpretativo durante las audiencias de los procedimientos abreviados que provocaron las quejas en su contra.
“Criminalizar o sancionar administrativamente con la máxima severidad la labor interpretativa, la sana crítica y el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional envía un mensaje intimidatorio a todas las personas juzgadoras federales del país y socava los cimientos de la independencia judicial”, advirtió la JUFED.
