Ante el escándalo por los contratos del INE para adquirir materiales electorales, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, advirtió que se requiere un sistema nacional anticorrupción para investigar y desmantelar la red que, según dijo, se enquistó en los organismos electorales.
Experto en controles anticorrupción, Bohórquez sostuvo que enfrentar una red de esta magnitud exige la participación de órganos internos de control, auditorías externas, fiscalías, autoridades hacendarias y, eventualmente, magistrados y jueces.
El funcionario alertó que el caso va más allá de la posible participación de una funcionaria y un proveedor: se trata de una red de corrupción e impunidad construida durante años, que ya afecta a la democracia mexicana.
“Los posibles beneficios de la corrupción aparecen en videos y audios, pero los costos, esos los estamos pagando los electores y nuestra democracia”, afirmó.
Bohórquez señaló que la discusión también debe incluir posibles operaciones de lavado de dinero, elusión y evasión fiscales, así como prácticas que podrían afectar la competencia económica.
Al referirse a la dimensión del caso, sostuvo que se ha superado la idea de que la corrupción “es como el tango”.
“No se trata de una funcionaria y de un proveedor. No es asunto de dos. Estamos hablando de un red de corrupción e impunidad construida por años, y que el problema se agudizó recientemente.
“Al ganar escala e influencia, perdió el control de sus herramientas básicas: la entrega de dinero y la extorsión”, indicó.
El director de Transparencia Mexicana, capítulo en México de Transparencia Internacional, consideró que publicar información sobre contratos en páginas web es necesario, pero insuficiente para combatir la corrupción.
Aunque el control social depende de la información pública, explicó, la naturaleza y el alcance de estas redes exigen cruces de datos que no pueden limitarse al portal del INE o a la Plataforma Nacional de Transparencia.
“Necesitamos una transparencia que cambie prácticas, no solo páginas”, advirtió.
También destacó la importancia de que se revele la corrupción en los contratos de materiales electorales por el impacto que tiene en la opinión pública.
“Cada uno de los ciudadanos mexicanos puede obtener una credencial para votar, que cumple además una función de identificación.
“Y la gravedad de los eventos nos ha recordado que nada que venga del Estado es gratis: ni obtener la credencial, ni poner las casillas, ni siquiera la tinta indeleble. Que la democracia cuesta y que se vuelve más cara cuando la corrupción campea entre aquellos que administran los recursos electorales”, subrayó.
Agregó que quienes participan en actos de corrupción siguen una regla: privatizar los beneficios y socializar los costos.
