México enfrenta una crisis de perros en situación de calle, derivada del abandono animal y de la falta de campañas de esterilización por parte de las administraciones públicas.
Aunado a que el país ocupa el primer lugar en Latinoamérica en abandono de animales domésticos, como perros y gatos, no existe un censo gubernamental sobre la cantidad de animales en esta condición. Sin embargo, de acuerdo con estudios de organismos privados, el número de animales callejeros asciende a más de 27 millones en 2026.
Aunque se trata de una cifra extraoficial, también se estima que, de los millones de animales en situación de calle, 18 millones son perros, de los cuales el 40% vive en la calle, el 30% tiene dueño y otro 30% es comunitario, según un artículo de la Universidad Autónoma de Zacatecas publicado en 2023.
Querétaro no es ajeno a esta situación, pues tampoco cuenta con un registro de animales sin hogar, tanto a nivel estatal como municipal.
Ante este panorama, una de las alternativas que se ha planteado para atender la presencia de perros en las calles es el reconocimiento de los ejemplares comunitarios, aquellos que, aunque no tienen un dueño, reciben alimento y cuidados por parte de los habitantes de una o varias zonas.
Esta propuesta forma parte de la discusión de la Ley de Bienestar Animal estatal, cuyo estatus permanece “en análisis” dentro de la LXI Legislatura desde julio de 2025. En este contexto, activistas han hecho un llamado a fortalecer las campañas de esterilización y cambiar la cultura respecto al cuidado de los animales domésticos.
El modelo de sacrificio de 1886 quedó rezagado
En México, desde 1886 hasta años recientes, el control de los perros en situación de calle consistía en recolectar a los caninos y colocarlos en perreras para posteriormente sacrificarlos.
Sin embargo, a lo largo de este tiempo el modelo no se ha visto reflejado en una disminución del número de ejemplares en la calle, consideró la activista en defensa de los animales, Alicia Lobato Alvarado, quien dijo que esta estrategia quedó rezagada a las condiciones sociales actuales.
Por ello, expuso que, en el contexto de la discusión de la Ley de Bienestar Animal, se han propuesto campañas de esterilización canina como principal política pública, aunque no con una aplicación universal, sino a partir de las zonas en donde más se presentan los animales en situación de calle.
“La propuesta de algunas asociaciones que nosotros hacíamos en ese sentido es empezar a cambiar y llevar a cabo esterilizaciones masivas y sobre todo en el reconocimiento de que depende de la zona”.
“No es lo mismo aquí dentro de la ciudad de Querétaro (…) a las zonas rurales en donde quien tiene un perro lo deja salir porque tienen la creencia de que vuelven y hay muchos perros que entre comillas tienen casa pero están en la calle”, expresó.
Esta diferenciación es importante para entender que no todos los perros que permanecen en las calles tienen las mismas condiciones y que las estrategias de atención deben responder a las características de cada comunidad, explicó.
Perros comunitarios y su visibilización con Caramelo
En este contexto, el reconocimiento de los perros amarillos que viven en situación de calle, también conocidos como “Caramelo”, como una raza mexicana, representa otra oportunidad para visibilizar a los ejemplares que históricamente han enfrentado dificultades para encontrar un hogar, señaló Lobato Alvarado.
La defensora explicó que este tipo de iniciativas responden a la intención de dignificar a los ejemplares que han sobrevivido por selección natural y que históricamente enfrentan más dificultades para ser adoptados frente a razas comerciales.
No obstante, señaló el riesgo de que estas medidas se limiten a narrativas simbólicas o se utilicen como capital político y electoral sin resolver el problema de fondo, principalmente de perros en situación de calle.
“Declaras a los perros caramelo como una nueva raza, pero ¿de qué acompañas como política pública para que esos animales sean protegidos?”
“Estas declaraciones tienen que venir acompañadas de acciones y de políticas públicas efectivas para cambiar la situación de los animales, si no solamente se queda en la fotografía, en la declaración y en un día que va a pasar una vez más sin pena ni gloria”, comentó.
Para Lobato Alvarado, el reconocimiento de estos ejemplares debe acompañarse de medidas concretas que permitan atender sus condiciones de vida. Una de las propuestas que se han planteado en el marco de la discusión de la iniciativa de Ley de Bienestar Animal en el Congreso local es la incorporación de la figura del “perro comunitario”.
Al respecto, se han presentado dos posturas. Por un lado, organizaciones e instituciones veterinarias han propuesto seguir con la aplicación de eutanasias; por otro, asociaciones civiles e incluso otra parte del gremio de veterinarios han promovido adoptar la figura del “perro comunitario” con control sanitario riguroso, esto a partir de un precedente de la Ciudad de México.
Lobato Alvarado aclaró que, en el esquema comunitario, no se busca normalizar el abandono ni romantizar la permanencia de animales en el asfalto, sino generar una política integral de reducción de estos ejemplares.
Con este modelo se busca reforzar la estrategia que ya se ha aplicado en diversos puntos de la entidad, como en la colonia Cerrito Colorado, en la capital del estado.
“Tenemos este perrito, un caso de Cerrito Colorado; toda una calle tenía una perrita que era comunitaria, ellos no la llaman así, pero es comunitaria, todos la alimentaban, la perrita en la calle, incluso ya le tenían una casita y la perra ya está esterilizada”, comentó.
Sin embargo, la responsabilidad comunitaria no debe limitarse a proporcionar alimento o un espacio para los animales, sino que también requiere una conciencia colectiva sobre su salud y bienestar.
“¿Qué tenemos que hacer?, ¿y en qué tiene que basarse la política pública? En empezar a educar a las personas que ya alimentan a los perros, pero irles haciendo conciencia sobre que no solamente es alimentarlos, se les tiene que tener un cuadro de salud completo”, comentó.
En este sentido, el trabajo gubernamental entra en juego mediante la aplicación de campañas de concientización para informar sobre la importancia del cuidado animal, así como con campañas de vacunación, desparasitación y esterilización.
No obstante, la activista señaló que la difusión de estas jornadas no siempre garantiza la participación de la población, debido al desconocimiento y a los mitos que persisten sobre algunos procedimientos.
“Muchas veces anuncian las campañas, se presentan el día y a veces en algunas comunidades, no todas pero sí en la gran mayoría, no asisten a estas campañas, una, porque no las conocen, y otra, porque incluso existen muchos mitos sobre el tema de la esterilización”, mencionó.
No todos los perros pueden ser comunitarios
Aunque la incorporación de esta figura busca establecer una alternativa para atender a los perros que viven en las calles, Alicia enfatizó que no todos los ejemplares pueden ser considerados comunitarios, pues en algunos casos pueden representar un riesgo.
“Tiene que existir la valoración de un veterinario para cada caso, porque sí es cierto que en ciertas circunstancias hay animales que hacen manada y que pueden llegar a representar un peligro para la sociedad o para otros animales”, expuso.
En este sentido, mencionó que la iniciativa dentro de la Ley en discusión consiste en que veterinarios especializados en etología, disciplina que busca prevenir, diagnosticar y tratar trastornos de conducta en perros, sean quienes determinen si un perro puede ser comunitario.
“Para esto tendría que ser un profesional que demuestre que ha recibido la instrucción necesaria para ser un veterinario con esta especialidad, en el ideal pues cada municipio tendría que tener un veterinario etólogo”.
“Si bien no contratado de manera permanente, que forme parte de su plantilla para valorar a estos animales y que cuando se haga la solicitud, por ejemplo, de parte o se hagan visitas, este médico valore al animal”, precisó.
En caso de acreditar la valoración, el animal sería registrado en el padrón estatal de animales de compañía, así como a una o varias personas responsables de su cuidado dentro de una comunidad.
Asimetría presupuestal y rezago de datos en los municipios
Sin embargo, para que el reconocimiento de los perros comunitarios se traduzca en una política pública efectiva, también se requiere que los municipios cuenten con los recursos humanos y económicos necesarios para atenderlos.
El principal obstáculo para la operación de esta disposición en la nueva Ley radica en la capacidad presupuestal de los 18 municipios de Querétaro, principalmente para las campañas de salud animal.
Lobato Alvarado señaló que la gran mayoría de las administraciones locales carece de institutos, secretarías o áreas de atención y control animal, así como de personal y un presupuesto específico para el cuidado animal.
Por ello, consideró necesario que, para la correcta aplicación de la disminución de ejemplares en la calle, los ayuntamientos creen una partida presupuestal para, a mediano y largo plazo, tener recursos suficientes para la correcta aplicación de la estrategia sanitaria, sin sacrificar tanto a perros como a gatos.
A la falta de recursos se suma la ausencia de información sobre la cantidad de animales que viven en las calles, lo que dificulta dimensionar el problema y establecer estrategias de atención de acuerdo con las necesidades de cada municipio.
Asimismo, señaló la necesidad de desarrollar una metodología entre las administraciones gubernamentales y las instituciones educativas para obtener datos cuantitativos sobre la presencia de perros en situación de calle y, con los datos, generar políticas públicas de acuerdo a las necesidades.
“Se tiene que hacer una metodología acompañada por ejemplo de universidades y demás para empezar a levantar muestreos por zonas y demás para tener una estadística. Nunca vamos a tener obviamente la cifra exacta, pero sí una aproximación”, concluyó.
