Una triangulación de recursos públicos hacia el despacho del Gobernador de NL, Samuel García, y su familia fue documentado por la Auditoría Superior de la Federación, como parte de una investigación revelada ayer.
Desde la Cámara de Diputados, donde presentó informes de revisión a las Cuentas Públicas de dependencias y entidades federativas, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, informó de al menos 728.13 millones de pesos del erario de NL desviados a través de un patrón que implica contratos públicos, transferencias entre empresas y movimientos de recursos hacia particulares.
“Identificamos esquemas de triangulación”, enumeró Hernández, “simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”.

La revelación ocurre tras una serie de investigaciones periodísticas que evidenciaron desvíos y transferencias millonarias de empresas proveedoras y constructoras contratadas por el Estado hacia Firma Jurídica y Fiscal, el despacho legal del Gobernador y su padre, Samuel Alejandro García Mascorro.
Argumentando que está protegiendo el “debido proceso”, la ASF no dio los nombres de los involucrados y las empresas, pero las operaciones y los montos coinciden con información publicada por REFORMA en 2024.
Millones que viajan en círculos
El cuestionamiento más cuantioso expuesto por Hernández implica a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal y posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa que, a su vez, envió 385.3 millones al despacho jurídico.
La ASF señala operaciones inmobiliarias por más de mil millones de pesos, involucrando a un funcionario cuyo nombre o cargo no revela.
Sin embargo, el esquema concuerda con una triangulación detectada en investigaciones periodísticas a partir de las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro, adjudicadas en septiembre del 2022 a la constructora Mota-Engil.
El mismo día de la firma del contrato, la constructora se asoció con empresas vinculadas al Grupo Gentor, uno de los principales clientes del despacho de la familia del Gobernador.






