La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una condena de 18 años de prisión contra Javier Tapia Santoyo, acusado de asignar, como funcionario del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, tres contratos por 11.1 millones de pesos a una empresa señalada como facturera que luego le hizo transferencias millonarias.
En su escrito de acusación, presentado ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, el Ministerio Público también solicitó el pago de los 11.1 millones de pesos por reparación del daño al ISSSTE y una multa equivalente a 225 días de salario.
La FGR acusa a Tapia de ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades por adjudicar contratos a Interacción Biomédica, incluida desde 2017 en la lista definitiva del SAT de empresas que simulan operaciones.
Los convenios, asignados en abril de 2018, fueron para estudios de electromiografía por 2.7 millones de pesos, el arrendamiento de dos equipos portátiles de rayos X por 2.8 millones y la compra de materiales de curación de alta especialidad por 5.6 millones.
Antecedentes patrimoniales en el IPN
La Fiscalía sostiene que el exfuncionario tenía intereses de negocios con la empresa y que recibió transferencias por 20.3 millones de pesos, directamente o mediante terceros, antes, durante y después de su paso por el hospital, entre octubre de 2017 y enero de 2019.
Además, en noviembre de 2025, Tapia fue separado temporalmente de su cargo como secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional, por un presunto incremento patrimonial no declarado.
