La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal imponerle 12 años de prisión a Mario Marín, “El Góber Precioso”, por las presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho en el 2005.
Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, confirmó que esta es la sanción que solicitó la FGR en sus conclusiones acusatorias a María José Pech Sáenz, Juez Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo.
Tras celebrarse este jueves la audiencia de vista en el juicio, Pech Sáenz dictará en los próximos 30 días hábiles la sentencia al ex mandatario poblano, resolución que puede ser absolutoria o condenatoria.
“Es la audiencia final en este caso previo a la sentencia. La jueza dictaminará ahora, esperemos pronto”, dijo Cárdenas, quien refirió que la Fiscalía solicitó imponer la pena máxima de 12 años, prevista para la modalidad de tortura imputada.
La audiencia en cuestión, iniciada a las 12:00 y concluida aproximadamente a las 13:30 horas, se llevó a cabo por videoconferencia, con la participación de todas las partes.
De acuerdo con las normas procesales, la audiencia de vista es la última que se celebra en un juicio que se lleva a cabo bajo las reglas del sistema tradicional y está prevista para que las partes ratifiquen sus posturas.
En este caso, la FGR confirmó sus conclusiones acusatorias y pidió que el procesado sea declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel.
Mientras que la defensa de Marín confirmó su alegato de inocencia y pidió al juez una sentencia absolutoria.
En un comunicado, Artículo 19 reiteró su llamado a imponer la pena máxima y recordó que en su dictamen el Comité de Derechos Humanos de la ONU obligó a investigar y sancionar a los responsables por las violencias que sufrió Lydia.
“La jueza, como representante del Estado Mexicano debe promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, e investigar, sancionar y reparar sus violaciones”, refirió.
“Lo que se resuelva determinará si en México quienes ejercen el poder político y privado pueden seguir violentando y torturando a periodistas sin consecuencias”.
La acusación contra Marín deriva de la captura de Lydia Cacho en Cancún, por parte de la Policía de Puebla en 2005.
La periodista fue detenida con base en una orden de aprehensión por los delitos de difamación y calumnia en agravio de Kamel Nacif Borge, conocido como “El Rey de la Mezclilla”, quien denunció a Cacho por la publicación del libro “Los demonios del edén”, en el que refiere al empresario textilero como uno de los invitados a fiestas en las que eran pervertidos menores de edad.
De acuerdo con la FGR, la periodista fue trasladada por tierra desde Cancún hasta Puebla, un trayecto en el que habría sido objeto de torturas.
Nacif denunció a la periodista por la publicación del libro “Los demonios del Edén”, en el que la autora menciona al empresario textilero como uno de los invitados a fiestas en las que eran abusados menores de edad.
El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, a cargo de la Magistrada María Elena Suárez, ordenó la aprehensión de Marín, Nacif y mandos policiacos por el delito de tortura.
Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 por agentes de la PFM en la casa de su hermana Alicia Marín, en la Colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero, y en un primer momento fue internado en el Penal de Cancún.
El 23 de enero de 2023, el ex Gobernador fue trasladado de la prisión estatal de Cancún al Altiplano, lugar en el que estuvo internado hasta el 11 de agosto de 2024, fecha en que le concedieron la prisión domiciliaria en Puebla. El 2 de abril de 2025 un tribunal le revocó el beneficio y desde entonces se encuentra en el Altiplano.
