El Gobierno de la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, aprobó hoy un decreto que amplía las facultades policiales para retener preventivamente a menores de edad y endurece las sanciones por actos violentos durante manifestaciones, en respuesta a los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en Milán y otras ciudades del país.
La nueva disposición permite aplicar a adolescentes de entre 14 y 17 años medidas de retención preventiva que antes se contemplaban para adultos, cuando sean considerados un riesgo para la seguridad en el contexto de movilizaciones.
El Gobierno busca impedir nuevos episodios de violencia después de los enfrentamientos con la Policía y los daños a establecimientos comerciales.
Mayor responsabilidad penal y nuevas sanciones
El decreto también modifica el criterio para determinar la responsabilidad penal de los jóvenes.
En Italia, la edad mínima para responder penalmente ya era de 14 años, pero ahora se presumirá que quienes tienen entre 14 y 17 comprenden sus actos, salvo que se demuestre lo contrario.
La medida, según Meloni, busca facilitar que los adolescentes involucrados en delitos respondan ante la justicia.
Entre las novedades figura la creación del delito de participación violenta en manifestaciones. Quienes formen parte de grupos de cinco o más personas y cometan actos violentos que pongan en peligro la seguridad pública podrán enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros.
Las sanciones podrán aumentar si los implicados ocultan su rostro o provocan lesiones.
El paquete contempla además que los padres deban asumir responsabilidades económicas por los daños ocasionados por sus hijos menores.
La normativa busca que los responsables de destrozos en bienes públicos o privados cubran las pérdidas, de acuerdo con los mecanismos previstos para cada caso.
Despliegue de seguridad y trámite parlamentario
Meloni defendió las medidas al sostener que las reivindicaciones políticas o el malestar social no justifican los saqueos ni las agresiones.
La aprobación se produjo después de que grupos de jóvenes protagonizaran enfrentamientos con agentes, incendiaran objetos y entraran por la fuerza en comercios de Milán.
Como parte del refuerzo de seguridad, Italia desplegará 500 militares adicionales en Milán para apoyar la vigilancia de puntos estratégicos y prevenir nuevos incidentes.
Sin embargo, el decreto no les concede facultades de policía judicial para efectuar arrestos.
La aprobación del decreto abre una nueva etapa en la política de seguridad del Gobierno de Meloni, que ha promovido otras medidas para endurecer las sanciones por delitos y alteraciones del orden público desde su llegada al poder en 2022.
El texto deberá ser examinado por el Parlamento para su conversión definitiva en ley dentro del plazo constitucional de 60 días.
