Claudia Tacoronte, una joven estudiante española de 21 años que tenía un mes de haber llegado a México para un intercambio académico de seis meses con la Universidad Autónoma de Morelos, fue asesinada el sábado en Cuautla, aparentemente por un joven que, suponen las autoridades, trató de robarla y que, al defenderse, la apuñaló. Claudia, que no sabemos si sabía que los feminicidios son un cáncer que padece Morelos hace varios años, llegó a pensar que podía morir lejos de su patria, como tampoco sabemos si su asesino, sabía que quién era. Aunque estas reflexiones carecen de importancia judicial, no así el fenómeno de la violencia juvenil en México, donde el homicidio pasó a ser la principal causa de muerte de los jóvenes en 2010.
Nos acercamos a los 30 años de una sociedad profundamente deteriorada en su cohesión social, su estado de Derecho y su capacidad institucional. Son tres generaciones cuya trayectoria de vida se interrumpió violentamente antes de que hubiera comenzado plenamente. ¿Qué tipo de sociedad produce este fenómeno juvenil donde morir violentamente se ha convertido en una probabilidad estadísticamente significativa? Los homicidios constituyen, de acuerdo con el INEGI, en la principail causa de muerte de jóvenes entre los 15 y 34 años, y siete de cada 10, como agravante, se cometieron con arma de fuego.
Se puede argumentar, como lo han sugerido expertos, que si un país tiene muchos homicidios juveniles durante un año, es un problema de seguridad, pero si los tiene durante una década, concentrados en determinados grupos de edades, grupos sociales y regiones, lo que se tiene enfrente es un problema social y político mucho más profundo. Esto es reforzado por el hecho que los estados donde más impacto ha causado la violencia en los jóvenes es en Guanajuato, estado de México, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, entidades que han estado siempre presentes en la espiral de fuego en la que ha estado el país a lo largo del siglo.
Estos estados muestran las pinceladas de lo que han sido las guerras contra los cárteles y sus luchas intestinas, como podría argumentarse en el caso de Baja California, donde el fenómeno comenzó con los narcojuniuors en la época de la gloria criminal del Cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix, que ensangrentó el país en los 90, o Guanajuato, donde se siguen peleando los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por el huachicol. Chihuahua, que tiene una de las rutas más lucrativas para el crimen organizado, ha estado hace décadas en lo alto de las preocupaciones institucionales sin importar la evolución criminal, como también Sinaloa, donde cualquier explicación de las raíces y desarrollo de sus actividades delincuenciales, es redundante.
Esto es lo que llamó en 2012 José Manuel Valenzuela Arce, investigador del Colegio de la Frontera Norte el “juvenicidio”, un concepto que acuñó al analizar las características estructurales y sistémicas de los asesinatos de los jóvenes, como crímenes que no eran aislados, sino como parte de una eliminación constante de ese grupo poblacional, que llevaba a la normalización de la violencia. “Andaban en algo” ha sido una frase con la que hemos deshumanizado a los jóvenes asesinados, culpando a las víctimas, convirtiendo una anomalía en parte del funcionamiento ordinario de la sociedad.
Más preocupante que haya homicidios, de si sumamente grave, es lo que significa que mueran jóvenes de manera violenta y que el fenómeno se vuelva estructural y relativamente normalizado, sin reparar en que había razones que les habían pavimentado el camino a la muerte: pobreza extrema, marginación, familias fragmentadas y falta de oportunidades, a lo que se ha agregado desde hace más de 15 años, el reclutamiento forzado por el crimen organizado.
Esto es lo que llamó el expresidente Andrés Manuel López Obrador como “atender” las causas de la violencia para justificar el abandono del Estado del territorio, entregándoselo a los cárteles de las drogas, que contratastaba con los expresidentes Felipe Calderón, que también habló de “atender” las causas que empujaban a los jóvenes al crimen organizado, y Enrique Peña Nieto, que abandonó causas y combate, por lo que en la segunda parte de su sexenio, la violencia se disparó. La presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado el discurso de su antecesor, pero ha utilizado una estrategia que está más cerca de Calderón y en las antípodas de la de López Obrador.
La violencia entre los jóvenes tiene una correlación con las estrategias de seguridad que se han implentado en el siglo. Durante el gobierno de Vicente Fox los números de homicidios no habían levantado las alertas rojas por una razón: no se combatió a los cárteles, que en ese entonces se dividían el país en dos -el Cártel del Pacífico y el Cártel del Golfo-, y la Federación, que encabezada el Cártel de Sinaloa, aún no se desintegraba. Calderón actuó para recuperar territorios controlados por el narco -80 municipios aproximadamente-, mediante una estrategia que disparó las estadísticas de muertes. Su punto de inflexión fue mayo de 2011, pero Peña Nieto abandonío la estrategia, pensando que la violencia bajaría. Gran error.
Le entregó a López Obrador un país bañado de sangre, que por seguir la misma estrategia, aumentó la violencia y las muertes. En 2013, el “juvenicidio” era inequívoco: los homicidios en ese grupo demográfico representaban el 28.7% de las muertes, contra el 16.6% de los accidentes de tráfico. Para 2018, los homicidios entre los jóvenes se incrementó a 31.3%. Al entregar el poder López Obrador a Sheinbaum, se habían reducido los homicidios en el grupo de hombres de 15 a 24 años, pasando al segundo lugar después de accidentes de tránsito, pero no así en el grupo de 25–34 años, los homicidios fueron la primera causa de muerte entre hombres.
No se han logrado desplazar las causas de violencia del centro de la mortalidad juvenil, particularmente en los hombres, pero hemos perdido la capacidad de asombro, porque han aparecido mecanismos de adaptación: primero: la sociedad se horroriza; después: se acostumbra; finalmente: deja de preguntar. La muerte de los jóvenes la hemos deshumanizado cuando se mexicanos ordinarios se trata, a quienes les damos el tratamiento de estadística. No es así cuando son prominentes o pertenecen a las clases socioeconómicamente privilegiadas, o cuando sucede con extranjeros, como Claudia Tacoronte, donde le damos un valor que le quitamos a miles de jóvenes mexicanos asesinados en las calles mexicanas, sin entender colectivamente que sus muertes son un indicador de futuro perdido.
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