A través de mayores candados a las deducciones empresariales y otras medidas de fiscalización, el Gobierno federal proyecta que los ingresos tributarios alcancen 6.26 billones de pesos en 2027, lo que representaría un máximo histórico de 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Este monto significaría un crecimiento real de 5.9 por ciento respecto al estimado para 2026, con un aumento de 7.2 por ciento en el Impuesto sobre la Renta (ISR).
“En los últimos años, el ISR ha sido un pilar fundamental en la recaudación del Gobierno federal; no obstante, existe evidencia que muestra una baja efectividad en comparación con otros países”, indicó Hacienda (SHCP) al presentar el Paquete Económico 2027.
Ante ello, planteó la necesidad de revisar la configuración de las deducciones con la finalidad de fortalecer la capacidad financiera del Estado.
Estímulo al control fiscal corporativo
“Se propone aplicar un mecanismo de control a la aplicación de deducciones a las empresas equivalente al 96.67 por ciento de los ingresos acumulables para empresas con utilidad cuyas deducciones superen o sean iguales a dicho mecanismo. Para empresas con deducciones menores a este mecanismo, las deducciones autorizadas aplicables se establecerán al 99 por ciento”, indicó la dependencia en el documento.
El Gobierno también propone que las empresas sólo puedan disminuir pérdidas fiscales hasta por 50 por ciento de su utilidad fiscal. A cambio, ampliaría de 10 a 20 años el plazo para aplicar pérdidas de ejercicios anteriores.
“El uso de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales actualmente permite que sólo una de cada 10 empresas pague un impuesto equivalente al que paga una persona física del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), es decir, 9 de cada 10 empresas no pagan impuestos o sus tasas efectivas son muy reducidas”, consideró Hacienda.
Un ajuste más pegará a la deducción de intereses, pues el límite pasaría de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada.
Otro frente es el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS), un esquema fiscal creado en 2013 que permite a las empresas diferir el pago del ISR hasta por tres años, optimizando el flujo de efectivo corporativo, y que Hacienda perfila desaparecer al considerar que es un beneficio para las empresas a costa de ingresos públicos.
