Esta es la historia de Teófilo Benítez Granados, un abogado penalista que encontró una fórmula perfecta para crear una red de contactos en el Poder Judicial y lograr una capacidad de influencia a través de algo de la condición humana: la vanidad. Por debajo del radar de la opinión pública y política, Benítez Granados ha seducido a ministros, magistrados y miembros de los mecanismos judiciales federal y en la Ciudad de México, a través de títulos académicos y reconocimientos, cuyos resultados en los últimos ocho años sugieren una transaccionalidad de sentencias.
Una investigación en fuentes abiertas y de bases de datos a la que se tuvo acceso, encontró vínculos de al menos 81 integrantes activos y en retiro del Poder Judicial con el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), una universidad privada clasificada por la Secretaría de Educación Pública en el ranking de “escuelas de calidad”, de la que Benítez Granados es su rector. De esos 81, 26 admitieron públicamente haber sido profesores en esa institución, y 15 cursaron un posgrado.
El modus operandi de Benítez Granados se cruza con la polémica sobre la calidad de los jueces y magistrados que resultaron de la Reforma Judicial promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y aprobada sin oposición de la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a 15 días de terminar su mandato. La reforma produjo el relevo de la mitad del Poder Judicial el año pasado, y la otra mitad será electa en junio de 2028.
La forma como Benítez Granados acumula egresados y condecorados entre miembros del Poder Judicial, y entrega reconocimientos o doctorados honoris causa a figuras como la ministra Yazmín Esquivel, y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, le sirve para pulir su imagen y reforzar la percepción que es un abogado con fuertes conexiones en ese sector. Otros seducidos por los grados fueron Alfonso Suárez del Real, un político discreto con gran influencia en temas de comunicación política en Palacio Nacional, y la consejera de la Judicatura capitalina, Irma Guadalupe García Mendoza.
Otro reconocimiento académico a Álvaro Augusto Pérez Juárez, cuando era magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sugiere conflictos de interés y posible justicia transaccional. En julio de 2018, Benítez Granados logró que dos juzgados civiles de la Ciudad de México, que dependen de ese Tribunal, le entregaran dos inmuebles bajo lo que se llama “prescripción positiva”, que es un medio legal para adquirir la propiedad de un bien mediante el paso del tiempo y bajo condiciones específicas, tras declarar en rebeldía a sus contrapartes. Dos meses después, le entregó un doctorado honoris causa a Pérez Juárez, y en marzo de 2019, uno de los inmuebles que le concedieron, inscribió un aviso preventivo de compraventa a favor del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Retiro de los Jueces al Servicio del Tribunal Superior. Nunca causó sospecha la secuela de eventos aparentemente sin conexión, por lo que tampoco se investigó si hubo un pago de favores o, incluso, en especie.
Otro caso involucra a Mariana Morán, que era presidenta de un partido local en la ciudad de México, Equidad, Libertad y Género, ELIGE, que fue el nido al que llevó Benítez Granados a su hijo, Teófilo Benitez Estrada, acompañado por un profesor del CESCIJUC, Óscar César Augusto Romero, que también era el titular de Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. cuando fracasaron en lograr el registro de Vanguardia Ciudadana Democrática para las elecciones de 2021. La llegada de Benítez Estrada a ELIGE coincidió con cinco títulos académicos que le entregó su padre a Morán, quien solo en un día, el 24 de abril de 2019, tramitó cinco cédulas profesionales.
Morán terminó un doctorado en Derecho Civil en julio de 2012, y seis meses después concluyó una maestría en Pedagogía. Un año y medio más tarde obtuvo otro doctorado, en Educación, y en los 12 meses siguientes una maestría en Administración Pública. Dos años después, recibió el doctorado de Administración y Políticas Públicas. En solo cinco años completó todos esos estudios que normalmente llevarían tres veces más de tiempo.
Tras la entrega de esos grados, Benítez Estrada fue nombrado co-presidente de ELIGE mientras que el director de Posgrado del CESCIJUC, Francisco Javier García Ramírez, se convirtió en el representante del partido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En las elecciones de 2021, ELIGE fue señalado de vender candidaturas. El partido se encaminaba a perder el registro -lo que sucedió-, cuando se dio el colapso de la Línea 12 del Metro, donde rápidamente buscó lucrar políticamente de ello, al utilizarlo como bandera para recolectar votos y posicionarse ante una ciudadanía que no le hacía caso.
Benítez Granados se volvió asesor jurídico de 13 de las 103 víctimas de esa tragedia, a quienes, según señalamientos públicos, les quiso cobrar el 30% de la compensación a sus clientes, advirtiéndoles que de terminar por adelantado sus servicios, tendrían que pagarle como penalización más de tres millones de pesos, lo que motivó en ese momento una reacción de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que dijo que “casi “habían extorsionado a las familias de las víctimas. Hasta la fecha no existe una sentencia firme a su favor, ni una justicia para las víctimas, de quienes ha lucrado el abogado.
Estos casos son botones de muestra de lo que sucede en el microcosmos del Poder Judicial, donde la discrecionalidad de títulos ha sido funcional a los intereses de Benítez Granados. Hay razones para investigarlo: pese a tener una matrícula 30% menor que la UNAM, entregó 120% más títulos de doctorado en Derecho y Criminalística, 500% más que el Instituto Nacional de Ciencias Penales y 400% más que la Escuela Libre de Derecho. Cosa rara, no ha despertado la curiosidad en la SEP, ni motivado, al menos, una revisión de lo que es públicamente verificable y socialmente esperable.
X: @rivapa_oficial
