Ni el polígrafo propuesto por el gobernador Mauricio Kuri González, ni la revisión de candidatos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), son medidas suficientes para evitar la infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027, advirtió David Saucedo Torres, estratega electoral y experto en seguridad.
De acuerdo con el especialista, ambas medidas podrían funcionar como herramientas de revisión de los perfiles que busquen competir en los próximos comicios; sin embargo, consideró que su efectividad sería limitada si los filtros no son aplicados por un órgano independiente y si no se endurecen las sanciones contra los partidos políticos.
Saucedo calificó la propuesta del polígrafo de Kuri, así como la presentación de una lista de aspirantes para su revisión ante una comisión especial del INE, anunciada por Santiago Nieto Castillo, como medidas de propaganda política de cara al próximo proceso electoral.
Así busca el crimen organizado controlar la política
En entrevista con Plaza de Armas, David Saucedo explicó que la injerencia del crimen organizado se manifiesta tanto durante las campañas como después de las tomas de protesta.
Históricamente, cuando existe un solo grupo criminal en un territorio, normalmente esa célula espera el resultado electoral y acude a presionar al candidato electo una vez que toma posesión. En contraste, cuando hay varios grupos que se disputan el territorio y su control, buscan presionar al candidato para poder establecer un dominio previo a las elecciones, explicó.
En este sentido, indicó que los grupos del crimen organizado recurren a distintas modalidades para incrementar su dominio territorial.
“En primer término está el combate armado, es decir que llegan a un territorio y lanzan en estilo un ataque para eliminar a rivales: en segundo término, la participación en política, financiar a un candidato, financiar a un alcalde, a un proyecto político, un partido; y la tercera modalidad es, en lugar de ir a combatir a un grupo rival, establecer una alianza, integrarse, sumarse en una sinergia criminal para obtener el control de una región territorial”, compartió.
Aunado a esto, para tomar el control sobre las decisiones políticas, dijo que los servidores públicos pueden ser presionados de distintas formas.
Entre estas modalidades se encuentran las amenazas, situación en la que su vida y la de sus familias corren riesgo; la asociación a partir de un esquema de alianza entre grupos, en la que los funcionarios reciben un beneficio económico; y un acuerdo de omisión, en el que los gobernantes permiten que la actividad delictiva se ejerza sin perseguirla.
Polígrafo, una propuesta “desfasada”
En cuanto a la prueba del polígrafo, propuesta por el gobernador Mauricio Kuri para descartar a perfiles con nexos criminales por parte de las ocho fuerzas políticas con registro en el estado, comentó que está desfasada, pues recordó que esta prueba ya se había propuesto en estados como San Luis Potosí e incluso ya se había aplicado durante el proceso electoral de 2024 en Jalisco.
Además, explicó que esta prueba no garantiza efectividad, pues elementos de las corporaciones de seguridad en el país, quienes acreditaron dicha prueba, han sido detenidos y separados de sus cargos.
“Algunos elementos de seguridad pública federales y estatales, también de Querétaro, han sido detenidos, separados de sus funciones y habían acreditado la prueba del polígrafo”, mencionó.
En este sentido, refirió que se podría fortalecer esta prueba con la aplicación de otros cuatro filtros, como lo son un examen médico, toxicológico, socioeconómico y un diagnóstico de relaciones del perfil.
“La prueba del polígrafo es tan solo una de varias herramientas de control para verificar la probidad de los elementos de seguridad pública y aun así me parece que tendrían que hacerse pruebas frecuentes para verificar esta situación”, comentó.
Dudas sobre la comisión del INE
Por su parte, ante el anuncio de Santiago Nieto, ahora coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Querétaro, de presentar la lista de aspirantes ante la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, expuso que su efectividad aún no está aprobada, pues recordó que dicha comisión es de reciente creación.
“Apenas lo vamos a someter a prueba. Yo no conozco ningún caso documentado en donde dicha comisión haya analizado perfiles y haya revocado candidaturas”, consideró.
Asimismo, mencionó que esta alternativa podría ser poco viable, ya que argumentó que el INE está controlado por el gobierno federal, toda vez que el Centro de Evaluación de Control y Confianza de Querétaro está bajo el control del gobierno estatal.
Necesaria fiscalización y medidas “más agresivas”
Otro de los aspectos a considerar para evitar la intromisión del crimen en las campañas políticas en Querétaro, así como en todo México, es el endurecimiento de la fiscalización de los recursos, rubro en el cual no se ha trabajado, consideró David.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha sido notablemente incompetente para poder inhibir que los recursos del narcotráfico lleguen a las campañas. El (INE) y los institutos electorales locales de los estados tampoco han tenido esta capacidad”, comentó.
Ante este escenario, Saucedo planteó medidas “más agresivas” contra los candidatos a los que se les pruebe culpabilidad de recibir recursos ilícitos, para lo cual ejemplificó con una medida similar en Colombia.
“Si se descubre que algún funcionario electo recibió recursos, no solo pierde el cargo y es procesado, el partido político que lo postuló no vuelve a postular candidatos a ese mismo puesto durante al menos tres periodos”, expuso.
Asimismo, otra de las posibles medidas para evitar esta intromisión en el aparato gubernamental es que el gobierno estatal tome el control total de la seguridad y de las responsabilidades de las policías municipales.
“Que sea el gobierno del estado el que ejerza una especie de mando único y tenga el control de las policías municipales para evitar que sean cooptadas por el crimen organizado, como en Michoacán y Guanajuato”, compartió.
Pese a estas propuestas y ante la proximidad del inicio de las precampañas, David expresó que no existe voluntad ni del gobierno federal ni de los estados para la aplicación de un marco legal más enérgico que castigue la infiltración criminal.
No obstante, enfatizó que con estas medidas, las cuales calificó como “fuertes, enérgicas y reales”, se evitaría la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales y se obligaría a los partidos a postular a personajes honestos.
“Para mí esas son medidas reales con las que se puede combatir la infiltración criminal. Mientras no apliquemos ese tipo de medidas en México, vamos a seguir con esquemas de simulación”, culminó.
