Los Congresos locales y federal deben endurecer de forma severa las penas y actualizar los marcos legales para frenar el delito de despojo inmobiliario en México, urgieron especialistas.
Jorge Paredes, CEO de Realty Experts, advirtió que las sanciones penales resultan insuficientes y no representan un verdadero elemento de disuasión ni para las bandas delictivas ni para los despachos que operan estas invasiones.
Destacó que al no contemplar condenas severas ni mecanismos ágiles de restitución, los juicios se extienden durante años, lo que deja a las víctimas en un estado de indefensión prolongada.
Impacto en los grupos vulnerables
“(En) el 40 por ciento de los despojos que ocurren en el País las víctimas son adultos mayores de 60 años, quienes carecen de herramientas para defenderse de despojos mediante falsificación de documentos o engaños. Es urgente que se eleven las penas para castigar dicho delito”, dijo.
Paredes consideró que se deben incrementar sustancialmente las penas de cárcel y elevar las condenas a rangos de entre 20 y 30 años de prisión para quienes incurran en despojo, especialmente cuando existan agravantes como violencia, uso de documentos falsos o afectación de grupos vulnerables.
La apropiación ilegal de inmuebles, terrenos agrícolas y predios de alta plusvalía se registra en México como una red delictiva que opera bajo la complicidad o negligencia de autoridades locales en al menos 11 entidades del País.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, hasta el primer semestre de 2026, se registraron 15 mil 311 víctimas de despojo en México.
México Evalúa estima que la impunidad en este delito alcanza un 96.36 por ciento a nivel nacional.
