La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) mantiene personal en México y aseguró que sus actividades se apegan a la Ley de Seguridad Nacional.
La declaración ocurre cuatro meses después de que dos agentes estadounidenses, identificados como integrantes de la CIA, murieron tras un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua, caso que abrió una investigación por su presunta participación sin autorización federal.
“Sí, hasta ahora sí tienen personas en México y están cumpliendo con lo que establece la Ley de Seguridad Nacional“, respondió durante la mañanera.
La Mandataria no precisó cuántas personas de la agencia están en el País, dónde están adscritas ni cuáles son sus actividades.
Al ser cuestionada sobre el avance de la investigación por el caso de Chihuahua, Sheinbaum evitó dar información y remitió el asunto a la Fiscalía General de la República.
“De eso tiene que informar la Fiscalía, pues es que de eso tiene que informar la Fiscalía. Yo no puedo informar por la Fiscal General, imagínense si yo anduviera informando por la Fiscal General, ¿qué dirían?, ¿no hay autonomía de la Fiscalía General de la República?”, señaló.
Las reglas de la cooperación bilateral
Entre el 17 y 19 de abril, autoridades de Chihuahua realizaron un operativo en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino. Posteriormente, dos agentes de la CIA y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación murieron en un accidente carretero.
La Presidenta afirmó entonces que el Gobierno federal no tenía conocimiento ni había autorizado la presencia de agentes extranjeros en acciones operativas.
La Gobernadora María Eugenia Campos sostuvo que tampoco conocía la participación de personal estadounidense y que no la autorizó.
Tras el caso, Sheinbaum envió una carta a gobernadores para recordarles que cualquier colaboración con agencias de seguridad de otros países debe informarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores o al Gabinete de Seguridad y ajustarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
La ley permite que agentes extranjeros ingresen temporalmente para el intercambio de información, pero su acreditación y zona de actuación deben ser autorizadas por la Cancillería, previo acuerdo con Seguridad, Defensa y Marina.
La legislación prohíbe a esos agentes ejercer facultades reservadas a autoridades mexicanas, aplicar leyes extranjeras, realizar detenciones, privaciones de la libertad o cateos. También ordena que sus actividades sean supervisadas por el Gobierno mexicano.
